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El 3 de junio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, El Salvador, entregó formalmente la sentencia condenatoria en el caso de los 4 periodistas holandeses emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982. Este figura como el primero de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado recopilados por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que llega a la etapa final procesal.
La Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, organizaciones que acompañaron el proceso desde su inicio, celebraron este acto “histórico” y manifestaron que la entrega oficial de la sentencia significa verdad y justicia para las familias de los periodistas holandeses, para el pueblo de los Países Bajos y para El Salvador, puesto que tres altos mandos militares fueron condenados por este crimen cometido hace 43 años.
“Hemos logrado verdad y justicia en El Salvador para el caso de nuestros cuatro Tulipanes. La verdad y la justicia, aunque tarde, llegan”, dijo el presidente-director de Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez, quien también manifestó que este hecho emite un mensaje en favor de la libertad de prensa.
Gustavo Huezo, uno de los acusadores particulares en el caso y parte de ASDEHU, afirmó que los tres altos mandos militares declarados culpables por el asesinato ahora deberán cumplir 30 años de prisión. Si bien la sentencia señala la pena principal mínima de 15 años por cada delito de asesinato, que sumarían 60 años, el Código Procesal Penal de 1973 y 1974, con el cual se llevó a cabo el caso, establece la pena máxima de 30 años.
Con la entrega de la sentencia, indicó el abogado, se abre una etapa en la que los defensores de los imputados podrán apelar el recurso de la pena, mas no del veredicto.
“Al jurado no se le puede pedir explicación de por qué tomó una decisión o por qué no lo hizo. Técnicamente, ellos podrían interponer recurso del tema de la pena, pero en este caso se les condenó a la pena mínima a las tres personas por razones humanitarias, por las edades que tienen”, explicó Huezo.
Agregó que, en este escenario, podría proceder una eventual nulidad del veredicto en caso de que se pudiera comprobar alguna irregularidad en la selección del jurado. “Nosotros, como acusadores particulares, consideramos que se debe mantener la sentencia”, dijo al señalar que la selección del jurado civil que emitió el veredicto fue “bastante transparente”.
Este caso histórico y emblemático, según las organizaciones de derechos humanos, logró la condena del exministro de Defensa, José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán; y el excomandante de la 4.ª Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, el coronel Mario Reyes Mena. Este último será extraditado de Virginia, Estados Unidos.
Además, la sentencia condenó simbólicamente al Estado salvadoreño por el retardo de justicia, por lo que el comandante general de la Fuerza Armada en turno deberá hacer un pronunciamiento público para pedir perdón a las víctimas en el plazo de 30 días hábiles después de que quede “ejecutoriada” la sentencia.
El exministro de Defensa, José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, por su estado de salud, deberán cumplir la pena en el Hospital Bautista de San Salvador, donde han permanecido desde su captura en octubre de 2024. Y, de no tener los medios económicos necesarios, deberán cumplir su condena en el centro penal que la Dirección General de Centros Penales designe o, en su caso, en un hospital nacional, según la sentencia.
