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Su asesinato permanece en la impunidad. Su familia continúa exigiendo justicia.
Por Diego Hernández, jefe de prensa de VOCES
Herbert Ernesto Anaya Sanabria nació el 11 de junio de 1954 en San Salvador.
Después de que Marianella García Villas, fundadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), fuera asesinada en 1983 cuando se encontraba llevando a cabo una investigación en Suchitoto sobre el uso de armas químicas por parte de la Fuerza Armada, Anaya Sanabria asumió la dirección de la organización no gubernamental y defensora de los derechos humanos.
La CDHES se dedicó a recopilar y documentar los casos de violaciones a derechos humanos que sufría la población civil. “El trabajo de documentación nos permitió registrar graves violaciones que el gobierno a través de los cuerpos de seguridad, ejército nacional, grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte realizaban diariamente, sembrado el terror en la población”, reza la página web actual de la Comisión.
El 26 de mayo de 1986 aproximadamente a las 5 de la tarde, miembros vestidos de civiles de la extinta Policía de Hacienda secuestraron a Anaya Sanabria en presencia de su esposa, Mirna Perla, y sus hijos.
Gloria Anaya, exdiputada por El Salvador ante el Parlamento Centroamericano, confirmó en declaraciones a VOCES que ella presenció el secuestro de su padre.
Anaya Sanabria no se preocupó tanto por el secuestro y el riesgo de convertirse en un desaparecido más de la guerra, sino por la consecuencia inmediata de no poder seguir continuando con su labor en la defensa de los derechos humanos.
“La preocupación de no seguir trabajando por la justicia es más fuerte, que la posibilidad cierta de mi muerte, esta es solo un instante, lo otro constituye la totalidad de mi vida”, constató en su propio testimonio compartido por Gloria a VOCES, el cual había sido previamente publicado en el Servicio Informativo Ecuménico y Popular (SIEP).
Anaya Sanabria estuvo retenido hasta el 2 de febrero de 1987 cuando fue liberado en un canje de prisioneros. Sufrió de tortura física y psicológica, ya que fue privado de agua, comida, sueño, fue golpeado, asfixiado y obligado a hacer ejercicios.
“Es evidente, para esta gente toda persona que ayuda al necesitado, es objeto ya de sospecha, todo aquel que busca procurar resolver problemas de los perseguidos es objeto de toda una investigación; el ser humano que se identifica con las aspiraciones de los pobres se convierte en ´enemigo´ del Estado y quien denuncie la situación de injusticia, sus orígenes y efectos, claro está es capturado, interrogado, torturado y encarcelado…”, reflexionó Anaya Sanabria.
Mientras se encontraba capturado, él -junto con otros miembros del CDHES que se encontraban en su misma situación: Miguel Montenegro, Rafael Terezón y Reynaldo Blanco- lograron documentar y sistematizar distintas formas de tortura utilizadas con reos que se encontraban en la prisión “La Esperanza”.
Esto fue convertido en un libro de relevancia nacional e internacional, mostrando los métodos de tortura que el Estado salvadoreño aplicaba a los presos políticos.
Ocho meses más tarde de su liberación, el 26 de octubre de 1987, Anaya Sanabria fue asesinado en el parqueo de su casa en la colonia Zacamil.
El Informe de la Comisión de la Verdad concluyó que no tuvo suficiente tiempo para averiguar si los culpables del asesinato fueron cuerpos de seguridad estatales, grupos de extrema derecha o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También determinó que el Estado falló en su deber de investigar debidamente el caso y sancionar a los culpables.
En 2013, la Asamblea Legislativa declaró el 26 de octubre como “Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos” para reconocer la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador.
Los familiares de Herbert Anaya continúan exigiendo verdad y justicia para esclarecer su asesinato. El pasado 9 de junio, Mirna Perla, la esposa del dirigente y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Gloria Anaya se manifestaron frente a Casa Presidencial junto con otras organizaciones defensoras de la memoria histórica y promotoras de la justicia transicional para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición en casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.
“Hemos presentado una carta para solicitar un diálogo respetuoso con el presidente”, afirmó Perla sobre la carta que iba dirigida a Nayib Bukele para poder abrir un canal de comunicación con las víctimas y sus familiares, y así conocer sus exigencias.
Perla también resaltó que buscan la apertura de los archivos históricos militares resguardados en edificios castrenses, los cuales aportarían información para esclarecer los crímenes cometidos por el ejército contra la población civil.
A finales de 2020, el gobierno de Bukele bloqueó el acceso a los archivos militares al juez Jorge Guzmán y su comitiva cuando trataron de acceder a los documentos históricos para obtener información sobre la masacre del caserío El Mozote y lugares aledaños.
Gloria Anaya recalcó que para obtener acceso a la justicia se debe permitir el acceso a los archivos militares. “Exigimos que se haga justicia, que se esclarezca la verdad, que den a conocer los archivos militares donde se encuentra toda la verdad sobre los responsables de todos esos criminales de lesa humanidad».
«Sobre todo, exigimos que se establezcan medidas de no repetición, porque nuestro mayor anhelo como víctimas de crímenes de lesa humanidad es que esos no se vuelvan a repetir jamás”, manifestó a VOCES durante la concentración para entregar la carta al presidente.
