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La emboscada y matanza del equipo completo de IKON TV, el 17 de marzo de 1982, fue un golpe frontal a la libertad de prensa y de expresión. La impunidad que ha prevalecido por 40 años en este crimen de lesa humanidad constituye una lección no aprendida del Estado de El Salvador, que continúa atacando a la prensa.
El abogado Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, tiene claro que la impunidad en los crímenes que ocurrieron en la guerra de El Salvador repercute hoy en un Estado que sigue reiteradamente violando los derechos humanos.
En entrevista con VOCES al abordar los 40 años de impunidad que se acumulan por el crimen de los cuatro periodistas holandeses, expresó que de haberse juzgado “no se estuviera atacando (en la actualidad) a la prensa independiente y critica, porque ya hubiera aprendido el gobierno y el Estado de El Salvador que la libertad de expresión no se ataca, sino que se defiende”
“En la medida que se siga en esa impunidad vamos a seguir repitiendo la historia de la violación y del secuestro de la verdad y de la libertad de expresión”, enfatizó Fino.
A su juicio, cuando casos tan emblemáticos no se investigan, ni se juzgan tampoco se garantizan medidas de no repetición a futuro, lo que provoca la reincidencia.
La prensa salvadoreña, no alineada a la propaganda gubernamental, vive actualmente un ambiente hostil en El Salvador, siendo frecuentes las descalificaciones de funcionarios, ataques de cuentas anónimas en redes sociales, reformas legales ambiguas que pueden criminalizar a la prensa, lo que provoca una espiral de censura, autocensura y temor en el gremio para ejercer la profesión con independencia.
El Estado de El Salvador también acumula una deuda de 40 años con el pueblo y gobierno de Holanda, y especialmente con las familias de Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen, Hans ter Laag, asesinados en Santa Rita, Chalatenango, el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal, del ejército salvadoreño.
El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, divulgado en 1993, calificó a este hecho como un crimen de lesa humanidad.
“Se trató de cerrar la fuente de verdad en este país, por eso se les asesina, y los asesina alguien que no entendía posiblemente que era lo que estaba haciendo al cumplir una orden”, expresó Fino sobre los autores matariales del hecho.
La ONU también señaló como autor intelectual del crimen al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, de donde salió la patrulla militar con orden de emboscar y masacrar a los periodistas.
El director de FESPAD remarcó que, así como este caso, también el Estado de El Salvador debe verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de la guerra. Casos como el magnicidio de Monseñor Romero, la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, la masacre del río Sumpul y en El Mozote y lugares aledaños siguen en la impunidad.
