Los datos de la sede diplomática estadounidense abarcan situaciones relacionadas al proceso de verdad y justicia por la masacre de El Mozote y la desarticulación de la CICIES.
La embajada de los Estados Unidos publicó el Informe de Derechos Humanos en El Salvador 2021 en el que enfatizó que la impunidad en actos de corrupción de funcionarios públicos sigue siendo un problema crónico en el país.
“Persistió la impunidad en las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema de justicia… La impunidad de la corrupción oficial permanece endémica”, consignó el informe de la sede diplomática.
De acuerdo con la embajada, la politización y la corrupción en general fueron factores que contribuyeron a la impunidad.
Al respecto, señalaron que, en junio de 2020, el gobierno del presidente Nayib Bukele se rehusó a acatar una orden judicial emitida por el exjuez del caso de El Mozote y lugares aledaños, Jorge Guzmán, donde daba facultades para acceder a archivos militares del Ministerio de Defensa. Soldados impidieron que se realizara la inspección de los documentos para poder investigar el crimen de lesa humanidad.
También, el informe consigna que el gobierno eliminó su propio esfuerzo para combatir la impunidad cuando en junio de 2021 puso fin al acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) que permitía la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que no podían recibir apoyo “por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente”, en referencia al anuncio de la contratación de Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.
El comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, informo en abril del mismo año que había enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) del exfiscal Raúl Melara 12 avisos de posibles actos ilícitos cometidos en cinco ministerios.
Con base a esto, la FGR ejecutó un allanamiento del Ministerio de Salud en busca de documentos y registros de compras realizadas en el contexto de la emergencia por COVID-19.
Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021 cuando los diputados de Nuevas Ideas asumieron su cargo en la legislatura de 2021 a 2024. Los jueces de la Sala de lo Constitucional también fueron destituidos.
“El presidente defendió los votos, alegando que la Asamblea Legislativa tenía la autoridad para hacerlo de acuerdo con la constitución. El 30 de junio, la Asamblea Legislativa instaló nuevos jueces leales al presidente para reemplazar a los cinco magistrados destituidos”, sostuvo la embajada en el informe.