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La directora de programa de la Fundación por el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Úrsula Indacochea, explicó en la presentación del informe “Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador”, que el delito de la corrupción afecta el goce de los derechos humanos, teniendo consecuencias negativas tangibles en la población.
“La corrupción no es un delito sin víctimas, ni cuya única víctima es el Estado (o el tesoro público). Detrás de los actos de corrupción existen personas que son privadas de servicios, bienes y que son afectadas en sus derechos más básicas, incluso la vida o la libertad”, detalló la abogada peruana.
En el panel de presentación del informe se encontraba el expresidente de Transparency International y exprocurador anticorrupción del Perú, José Ugaz, como comentarista. Ugaz afirmó que la corrupción afecta los derechos fundamentales. “La corrupción mata, enferma, impide la educación”, dijo.
En El Salvador, Indacochea especificó que la corrupción es un fenómeno generalizado y sistemático que ha alcanzado la esfera más alta de la gestión pública, lo cual significa que es un fenómeno que ocurre independientemente de las personas que estén en la función pública. La razón de por qué en El Salvador la corrupción es sistemática es porque es la naturaleza de las instituciones las que la fomentan, dijo.
“Atender a las condiciones que permitieron que actos de corrupción se produjeran, como la falta de transparencia, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, falta de información sobre la planificación y la ejecución del gasto público. De otro modo, los actos de corrupción están destinados a repetirse”, mencionó Indacochea.
Entre las acciones del actual gobierno que identificaron como retrocesos y obstáculos para investigar la corrupción, la abogada listó la remoción y sustitución del fiscal general y la Sala de lo Constitucional en 2021, reformas a la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, una reestructuración interna de la fiscalía, la exención de responsabilidades a personas funcionarias vinculadas con irregularidades en compras relacionadas con el COVID-19, la limitación al acceso a la información pública, entre otras.
Como recomendaciones para que el gobierno pueda retomar el combate con la corrupción sistemática, el informe plantea que se hagan reformas penales para proteger bienes jurídicos colectivos así como se protegen los individuales, el restablecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la creación de una Fiscalía Especial contra la Corrupción, garantizar procesos meritocráticos y transparentes en la designación de comisionados del Instituto de Acceso a lnformación Pública (IAIP), promover el respeto a la independencia judicial y fiscal y restituir a jueces que fueron removidos sin razón válida.
“Valoramos recientes anuncios de combatir la corrupción. Ofrecemos este informe como hoja de ruta”, dijo Indacochea, haciendo referencia al reciente anuncio del presidente Nayib Bukele sobre una “guerra contra la corrupción”.
