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Ludovic Hennebel, integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR, por sus siglas en inglés), reiteró la preocupación del organismo y el llamado a El Salvador sobre la despenalización del aborto.
“Despenalización -del aborto- es cuestión de derechos humanos, ya que las mujeres tienen derecho a salud”, dijo Hennebel durante un foro en el que se expusieron las observaciones finales realizadas por el Comité de Naciones Unidas en el sexto informe periódico de El Salvador.
En el informe publicado el año pasado, el Comité expuso sus preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en distintas áreas. Al respecto de los abortos, el Comité sostuvo que la persistencia de la prohibición total del aborto, sin consideración alguna de situaciones excepcionales, ha generado casos de sufrimiento e injusticia graves que afectan particularmente a mujeres pobres y con menor nivel educativo.
“Al Comité le preocupan sobremanera los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en condiciones de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se garantizara el debido proceso. Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna”, señaló en el sexto informe periódico.
El Salvador continúa siendo uno de los países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y la República Dominicana.
Este escenario ha dado paso a casos como el de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica. Al buscar atención médica fue denunciada y en 2008 fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Dos años después, Manuela murió de cáncer en prisión sin recibir el tratamiento médico adecuado.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado salvadoreño “por la criminalización arbitraria de Manuela” y reconoció la violación del derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima; y las violaciones a los derechos a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y a la salud, entre otras cosas.
Asimismo, durante marzo de este año la CorteIDH desarrolló la audiencia pública sobre el caso de Beatriz, una mujer que no pudo interrumpir su embarazo diagnosticado como encefálico (sin cerebro), pese a que especialistas le recomendaron hacerlo. La sentencia sigue a la espera de la resolución del organismo internacional.
A juicio de Hennebel, la prohibición absoluta del aborto en El Salvador no es una medida integral para impedir estas situaciones, puesto que los hace “clandestinos”.
“La criminalización de aborto es criminalización de la pobreza. Tenemos que despenalizar y tenemos que permitir el aborto terapéutico”, agregó.
