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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) afirmó que en el régimen de excepción -que ha estado vigente por 60 días y ayer fue extendido por 30 días más- se han registrado cientos de capturas arbitrarias, sobrecarga de espacios carcelarios y más de una decena de detenidos que han muerto en distintas circunstancias en momentos que están bajo responsabilidad de las autoridades.
“La seguridad es un derecho humano y no puede cumplirse con represión indiscriminada, cárcel y leyes más duras. El gobierno tiene una deuda importante en garantizar la seguridad a la ciudadanía, sobre todo para la población más pobre de nuestro país, que sufre de la estigmatización político social; la exclusión económica y además del acoso, tanto de las pandillas, como de los cuerpos de seguridad del Estado”, aseguró FESPAD en un comunicado.
Durante la guerra declarada entre por el gobierno y estos grupos criminales, los cuerpos de seguridad han informado de más de 31,000 capturas de personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con estas agrupaciones.
En los primeros 30 días del régimen de excepción cinco organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron 338 denuncias de violaciones y vulneraciones en derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, lesiones y muertes de detenidos.
La Asamblea Legislativa aprobó el 25 de abril la prórroga de 30 días más del régimen de excepción vigente, mientras que ayer 25 de mayo, fue aprobada una segunda prórroga de 30 días.
“Yo podría decirles que habrá un cuarto, un quinto, un sexto… Régimen de excepción va a haber mientras el régimen del presidente Bukele así lo estime”, dijo la jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, el 24 de mayo cuando acompañaba a familiares de detenidos a presentar habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia.
FESPAD explicó que “el régimen de excepción aplicado y su prolongación han constituido un mecanismo que ha violentado derechos humanos en población no vinculada a estructuras delincuenciales, este no puede y tampoco debe ser la solución a la problemática de la criminalidad”.
