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La Mesa por la Soberanía Alimentaria, integrada por 19 organizaciones y redes a nivel nacional, lamentaron que a un año del inicio de la pandemia, aún no se cuente con una estrategia, ni plan público sustentable, ni consultado con la población campesina para hacer frente a la creciente crisis alimentaria derivada del impacto del Covid-19 y los efectos del cambio climático.
Señalaron que por el contrario, se incrementó la importación de alimentos, en detrimento de los productores y productoras nacionales. Dichas importaciones han subido en un 327% desde México en tan solo un año ($61 millones más que en 2019), bajo contratos opacos a empresas altamente cuestionadas a nivel internacional.
«Hasta el momento, solamente se cuenta con un vídeo y una presentación en láminas de Power Point de lo que el gobierno llama “Plan Maestro de Rescate (y Despegue) Agropecuario”, que no se trata de más que una presentación de imágenes y pequeños textos, en los que no se puede encontrar ningún elemento básico de un plan, es decir, objetivos, resultados, actividades, presupuesto, calendario, localidades donde se realizará», expresaron las organizaciones.
Señalaron que esta propuesta expresa la necesidad de contar con unos Mil 956 millones de dólares para ejecutarlos en 4 años, sin especificar claramente, en la mayoría de los casos, sus fuentes de financiamiento.
» Se trata entonces, de un plan maestro opaco con un conjunto de medidas neoliberales, que desprecia la agricultura y forma de vida campesina, en función de facilitar el acceso a la tierra para los inversionistas, la agroindustria, la exportación y los megaproyectos, utilizando un doble discurso que combina al mismo tiempo: términos como competitividad, eficiencia y modernidad con otros como sustentabilidad, agricultura baja en carbono y resiliencia, que parecen quedar vacíos y desprovistos de contenido, pues lo que se pretende realizar va en el sentido completamente opuesto y además no considera de forma integral la incidencia del cambio climático en la agricultura, que es uno de sus principales riesgos», mencionaron las organizaciones.
Por lo tanto la Mesa por la Soberanía Alimentaria, exige Al Ejecutivo, respetar la institucionalidad y utilizar los canales y vías oficiales para administrar la cosa pública.
Que el MAG cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública, facilitando los registros de las compras realizadas en el marco de la emergencia del Covid-19.
• Que cumpla de inmediato con los requerimientos de la Corte de Cuentas de la República y se someta a una auditoría integral de la gestión del Ex ministro Ánliker.
Además que el nuevo ministro David Josué Martínez rectifique en su gestión, los errores cometidos por su antecesor, permitiendo sin objeciones cualquier investigación judicial sobre las compras en el marco de la emergencia del Covid-19.
También solicitaron que se elabore un plan de atención a la situación de hambre, por la que está pasando mucha de nuestra población, con un enfoque de Soberanía Alimentaria, con respeto a la cultura campesina y con plena participación ciudadana, especialmente de las poblaciones indígenas y de mujeres rurales en cada una de sus fases.
Que se implemente de manera inmediata, la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas.
Además solicitaron revisar con severidad el otorgamiento de permisos ambientales a empresas depredadoras del medio ambiente, que buscan destruir los territorios y privatizar el agua para residenciales de lujo, y que no desarrollan consultas ni estudios integrales de las capacidades hídricas de la zona.
Las organizaciones también piden a los diputados ratificar a la brevedad posible, la reforma constitucional que garantiza el Derecho Humano al Agua y el Derecho Humano a la Alimentación.
A la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a continuar con la discusión de la actual propuesta de la Ley General de Aguas, que cumpla con los puntos no negociables: 1) Declarar que el agua es un bien público; 2) Garantía del Derecho Humano al Agua y Saneamiento; 3) Gestión Pública con participación efectiva de la sociedad salvadoreña en su conjunto; 4) Gestión Sustentable de las Cuencas Hidrográficas; y 5) Régimen Económico y financiero justo y equitativo.
• A la Comisión Agropecuaria a continuar con la discusión de la actual propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional con plena participación del movimiento social, evitando los vicios de las legislaturas anteriores.
Además solicitan aprobar la prohibición total del riego aéreo de agrotóxicos y la prohibición total de los 11 más tóxicos que quedaron pendientes en 2013.
Asi como también al sistema Judicial, piden fortalecer los juzgados ambientales y cumplir con los mandatos específicos para la protección del medio ambiente y claro cumplimiento de los mandatos Constitucionales.
