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Representantes de la Cooperativa El Pimental presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el supuesto delito de incumplimiento de deberes por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la Hacienda Santa Clara, ubicada en San Luis Talpa, La Paz. Lugar en donde habitan más de 140 familias, desde 1990, y es catalogada como área natural protegida desde 2006.
“Nosotros ya entregamos bastantes documentos. Todo lo han engavetado. Él (titular del MARN) no nos ha resuelto nada. Por eso, hoy venimos a entregar un escrito a la Fiscalía de un aviso por la falta de un plan de manejo que nosotros le hemos pedido al ministro (Fernando López), pero no nos ha oído”, aseguró Jaime Miranda, presidente de la Cooperativa.
La Cooperativa alega que, desde la declaración de la hacienda como un área natural protegida, hace 17 años, el MARN no ha elaborado un Plan de Manejo, labor contemplada en el artículo 29 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
“En las Áreas Naturales Protegidas no se permitirá el establecimiento de nuevos asentamientos humanos ni el crecimiento de infraestructura en los ya existentes. El Ministerio, a través del Plan de Manejo incluirá normativas específicas para cada asentamiento existente, de acuerdo con los objetivos y directrices de la categoría de manejo”, establece dicha Ley.
Los representantes de la Cooperativa y habitantes de la localidad señalaron que, al no existir un plan de manejo, esto los coloca en una situación de inseguridad y ambigüedad, puesto que desconocen qué actividades humanas son compatibles con la finalidad de la Hacienda Santa Clara.
Denunciaron también que, desde hace aproximadamente cinco años, el MARN, junto con el Ministerio Público, iniciaron un proceso en contra de la cooperativa por la supuesta destrucción de la zona y exigiendo un pago de $298,160.91 en concepto de compensación del daño. Proceso en el cual se decretaron medidas cautelares que prohibían actividades agrícolas, extracción de agua para el uso de riego, abstención de subarrendar o traspasar los inmuebles a terceros, e incluso, la forestación, aseguraron.
Agregaron que este escenario ha permitido que los guardabosques de dicha área ejerzan acciones intimidatorias y de coacción en contra de los asociados de la cooperativa, intimidación con chantajes, advertencias o amedrantamientos, y amenazas de desalojo.
La Cooperativa pidió a la FGR que investigue esta problemática y que sancione al MARN por el supuesto incumplimiento de deberes, delito con penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial para el desempeño del cargo público.
“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período. Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del cargo por igual período”, establece el artículo 321 del Código Penal.
Con edición de Morena Villalobos
