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“En el 2023 la Fiscalía General de la República (FGR), no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos. Tampoco existe, ni reconocemos en nuestro contexto las desapariciones forzadas”, expresó, Andrés Guzmán Caballero, comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia pública sobre desapariciones en El Salvador.
Diferentes instituciones que luchan por la defensa de los derechos humanos como Alerta Raquel, Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU), Cristosal, Fundación para el Debido Proceso, Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Ormusa, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de los derechos humanos UCA (Idhuca), presentaron su postura señalando que durante la gestión del actual gobierno de Nayib Bukele entre el 2019 y junio de 2022, se estima que las denuncias ascienden a 6,443 y enfatizaron que hubo un mayor incremento en casos de desapariciones entre 2021 y 2022 de un 18.9 %. Durante el régimen de excepción organizaciones que velan por los derechos humanos han recibido 327 denuncias de desapariciones.
Sin embargo, el comisionado Presidencial para los Derechos Humanos rechazó dichas cifras. “Lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad, no reconocemos la cifras ni los datos suministrados por no tener una cuenta oficial”, manifestó.
Verónica Reyna, directora de SSPAS, quien fue una de las representantes de la postura de la sociedad civil, comentó que el Estado salvadoreño tiene limitado el acceso a la información. “Sería bueno que levantarán las reservas de información y poder acceder como sociedad civil y contar con esa información sobre las desapariciones”, agregó.
Ante ambas posturas del Estado y de la sociedad civil, Julissa Mantillo, presidenta de la CIDH, expresó: «Escuché al Estado decir que no reconocía las cifras que la sociedad civil había traído, y también recordar que el hecho de que un Estado no reconozca cifras ni número de víctimas, no significa que no existan”, señaló.
Gabriela Santos, directora del Idhuca dijo: “Las declaraciones del Estado sólo dejan ver que el interés verdadero no ha sido, ni son las víctimas, sino los méritos electorales para un gobierno autoritario y violador de derechos humanos”.
Además, los familiares de las personas desaparecidas en El Salvador reaccionaron ante las declaraciones del Estado al negar que no existe esta problemática en el país. “Eso es una ofensa para nosotros. Eso me da a entender a mí que no le importa a este gobierno darnos una respuesta”, expresó Carmen Argueta, madre de Herber Argueta, quien desapareció el 4 de agosto del 2021.
