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El Colegio Médico de El Salvador se mostró preocupado por lo que calificaron como una “situación de incertidumbre” que vive el gremio, detonado por la acusación por homicidio culposo contra 17 médicos del hospital Primero de Mayo, administrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro de Social (ISSS).
La Fiscalía General de la República los acusa de este delito por la muerte de un bebé que se registró el 9 de octubre de 2018 y por el que la madre decidió presentar una denuncia por mala praxis, pues alega que le negaron practicarle una cesárea.
La “supuesta negligencia médica” por la que son acusados carece “de objetividad” y tiene deficiencias técnico-jurídicas, como procesar a varios profesionales por un mismo delito y un mismo paciente en donde en estos tipos de situaciones o delitos culposos no es procedente la coautoría”, expresó el Colegió Médico en un comunicado difundido el 23 de enero.
Solicitaron al Fiscal General de la República y a la Procuradora de Derechos Humanos su intervención para que “realicen auditorías y constaten las graves violaciones que están sufriendo nuestros colegas en sus derechos consagrados en nuestra Constitución de la República y leyes secundarias”.
Señalan, como ejemplo de estas violaciones, “presentar requerimiento a ocho días que se venciera el plazo de la prescripción, haciendo que tomen la decisión de conciliar, no porque ellos son responsable de un hecho imprudente, sino por la exposición sin profesionalismo de algunos medios de prensa escrita, televisión, radio o el abuso de las redes sociales, provocando una muerte profesional para los colegas”.
En el mismo sentido se pronunció el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS) el pasado 17 de enero, al señalar que “todos son acusados de causar daño a un mismo y solo enfermo, como si así lo hubiesen acordado todos ellos en conjunto”.
Explicaron “que este tipo de acusaciones se están volviendo una regla, sin que la fiscalía individualice la participación de cada médico. Peor aún, sin lograr relacionar el actuar de cada uno de ellos con el resultado: una complicación o la pérdida de un paciente”.
Además, advirtieron “que el tipo de delito imprudente no admite coautoría, puesto que significaría que diversos profesionales de la salud tomaran el común acuerdo de comportarse descuidadamente cada uno de ellos en forma separada y siguiendo un objetivo o plan común, como sería dañar a un paciente”.
El SIMETRISS consideró que “tal postura es jurídicamente implanteable. Además, vulnera la honorabilidad, la estabilidad familiar, económica y emocional de todos y cada uno de los médicos señalados”.
