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Organizaciones salvadoreñas defensoras de derechos humanos presentaron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, MorrisTidball-Binz, un informe sobre la actual situación dentro de los centros penales y las muertes de más de 100 personas bajo tutela del Estado.
Previo al régimen de excepción, en octubre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) llamó a El Salvador a tomar medidas que garantizaran los derechos de las personas privadas de libertad, debido a que, incluso años atrás, el fenómeno de las muertes dentro de los centros penales ya se observaba.
Sin embargo, “el Estado de El Salvador, aún más desde la vigencia del estado de excepción, ha creado las condiciones para que más personas bajo custodia estatal fallezcan”, señalaron las organizaciones en el informe.
A un año del régimen de excepción, organizaciones de la sociedad civil reportaron 3,745 casos de violaciones a derechos humanos cometidas principalmente por integrantes de la Policía Nacional Civil, y seguido de miembros de la Fuerza armada de El Salvador. La principal violación: detención arbitraria, pero también documentaron tratos crueles e inhumanos, entre otros.
Además, Cristosal reportó 132 muertes de personas bajo la tutela del Estado salvadoreño.
De estas muertes, 90 fueron confirmadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a inicios de noviembre de 2022.
Hasta la fecha el Estado no ha iniciado investigaciones sobre dichas muertes y no da información creíble a familiares de las personas fallecidas sobre la causa del deceso, salvo las constancias de causas preliminares de la muerte que extiende el Instituto de Medicina Legal (IML), afirmaron.
Frente al escenario actual de violación a derechos humanos, las organizaciones pidieron al relator instar al Estado salvadoreño a realizar las debidas investigaciones sobre las muertes reportadas, a derogar el régimen de excepción, a promover el acceso efectivo de la información al público y el estado de las personas capturadas.
El informe “Muertes en cárceles durante el Régimen de Excepción en El Salvador: presuntas ejecuciones extrajudiciales” fue presentado por Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), como contribución al su próximo informe temático sobre muertes bajo custodia estatal que presentará la ONU en junio.
