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Organizaciones sociales han elaborado sendos documentos que, en el marco de los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional, proyectan el perfil idóneo de la persona que debe ocupar el cargo titular de esta institución nacida como fruto de los Acuerdos de Paz.
La Fundación para el Debido Proceso (DPFL, sigla en inglés) consideró en una carta enviada hoy a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos es “de la mayor relevancia” para el respeto de estos en el país, por lo que “resulta imprescindible que la designación recaiga sobre una persona capaz, idónea e independiente”.
Asimismo, que “sea el resultado de un proceso de selección acorde con estándares internacionales, orientado a evaluar el mérito y las capacidades de las personas postulantes en base a criterios que garanticen su independencia”, expresó DPLF en la carta fechada en Washington y San Salvador, y firmada por Katya Salazar, directora ejecutiva de la organización.
La abogada Victoria Barrientos, oficial de programa de DPLF, dijo a VOCES que junto a la carta entregaron un documento técnico, que “contiene el perfil que debe cumplir la persona procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador”.
Este análisis jurídico está enfocado en estándares internacionales y tiene el propósito de “coadyuvar al proceso de selección”, pues el actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, concluye su mandato de tres años el próximo 15 de octubre.
Tobar ha sido fuertemente criticado por las organizaciones por su postura frente a las violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción que sigue siendo prorrogado en El Salvador y es el único candidato que –al menos públicamente- se ha presentado para el proceso de elección.
“Esperamos que sea tomado en cuenta y que sea de utilidad en la discusión que actualmente se realiza en el proceso que lleva a cabo la Asamblea Legislativa para designar este cargo tan importante”, expresó la abogada de DPLF experta en derechos humanos y quien se apersonó a la Asamblea Legislativa para entregar la misiva.
La organización definió como características de este perfil idóneo la alta calidad moral, independencia, experiencia, capacidad, competencia y reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, experiencia en el manejo de relaciones con altos funcionarios gubernamentales, expertos, organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, con las víctimas, eficiencia en el trabajo y sensibilidad al género y pluralidad.
DPLF también respaldó esta mañana otro documento en el mismo sentido elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), mismo que también cuenta con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos, como el Servicio Social Pasionista y la Concertación Monseñor Romero.
Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, indicó a la prensa que las organizaciones darán seguimiento al proceso de elección del nuevo titular de la PDDH.
“En este perfil hemos incluido los requisitos que establece la ley, porque son insoslayables, pero también hemos incluido otros que efectivamente -para el cumplimiento de su función- debe de tener” como defensor del pueblo, expresó Fino.
Entre los criterios que señalan está la independencia ante el poder político, factores económicos, de tipo familiar, así como la prevalencia del interés público, explicó Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD.
