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El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA presentó este día su informe sobre la situación de una serie de derechos durante 2022, destacado por la aprobación del régimen de excepción –aún vigente-, y por las limitaciones al derecho del acceso a la información pública.
“El año 2022 puede caracterizarse como un periodo especial debido a la implementación de un régimen de Excepción (RE) que se ha traducido en retrocesos importantes en materia de derechos humanos relacionados con las actuaciones estatales en materia de letalidad policial, el abuso de la fuerza en el procedimiento de captura, negligencia para garantizar los derechos de la población privada de libertad, el abuso de la detención por parte de las instituciones de seguridad, fallos sistemáticos en el acceso a la justicia, nula respuesta estatal en materia de reparación a las víctimas, falta de acceso a la información pública, entre otros temas”, señaló en su informe.
Entre sus hallazgos se encontró que durante el año pasado se registraron 86,046 detenciones efectuadas por la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales solo a un pequeño porcentaje se le explicó el motivo. Además, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se reportaron 847 denuncias de víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, malo tratos u otras vulneraciones cometidas por agentes de la PNC.
Asimismo, la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP) remitió alrededor 119 casos a la Fiscalía General de la Republica (FGR) sobre este tipo de denuncias en contra de miembros de la PNC, indicó la organización.
“Ni la PNC dio información sobre las investigaciones que había desarrollado la unidad de asuntos internos o la unidad de derecho humanos de la misma policía, ni la Fiscalía dio información sobre los casos de miembros de la PNC y efectivos militares que habían sido investigados durante el año 2022”, aseveró Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH con relación a los casos remitidos por la IGSP.
En cuanto al hacinamiento carcelario destacaron que sobrepasó su capacidad y actualmente se aproxima al 133.6%, con lo que la condición de los privados de libertad se agudizó.
“A pesar de que no hay información certera y fidedigna en parte por la negativa de las autoridades a ser transparente en cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, es evidente que al interior de los centros penales no se están respetando los derechos mínimos a la población penitenciaria negando los servicios de salud repercutiendo en las muertes o acciones violentas”, agregó Rodríguez.
En el informe se señaló reiteradamente la falta del acceso de la información pública, situación que se ha ido agudizando con el régimen de excepción; especialmente la información pública relativa a estadísticas y planes de seguridad.
Frente a este escenario, la OUDH llamó al Estado salvadoreño a restituir la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública, dando acceso prioritario a toda la información pública relacionada a muertes violentas, desapariciones, abusos de la fuerza, frecuencia de delitos, con las respectivas desagregaciones cuidando resguardar la información verdaderamente sensible y datos personales.
“El problema, insistimos, es la falta al acceso de la información que hay. Si no tenemos claridad cómo se están afectando las poblaciones en condición de vulnerabilidad no hay forma tampoco de saber de qué manera se pueden dar la reparación y defensa para estas poblaciones”, enfatizó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
