sábado , abril 13 2024

Piden a Bukele no sancionar ley incosulta sobre víctimas de El Mozote

Por David Ramírez, periodista de VOCES


Organizaciones de derechos humanos y de víctimas solicitaron al presidente Nayib Bukele no sancionar el decreto que contiene la “Ley especial transitoria para establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Victimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños”.


La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de junio pasado, pero las organizaciones y las víctimas señalan que no fue consultada en detrimento a lo establecido en sentencias internacionales sobre el caso.


“Las víctimas deben exponer la problemática, cuáles son los problemas que existen en relación a esa documentación. Aquí no se escuchó a las víctimas”, explicó Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.


Las organizaciones sociales como Cristosal y las aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor acompañaron a la Asociación Promotora de Derechos Humanos El Mozote (APDHEM), que integra a familiares y víctimas de la masacre, a entregar la carta dirigida al mandatario en Casa Presidencial.


Las organizaciones señalaron la reducción de 40 a 29 artículos en el decreto aprobado, comparándola con una primera propuesta. Entre los artículos eliminados se suprimió la gratuidad del proceso de diligencias notariales que el Estado salvadoreño cubriría, entre otros costos que las victimas deberán asumir.


“Este decreto legislativo violenta el derecho a las reparaciones de los sobrevivientes y sus familiares, debido a que la finalidad de la ley aprobada es hacer únicamente el registro de las antes referidas. Sin embargo, en la propuesta presentada por el ejecutivo, el objeto era permitir el acceso a las víctimas a las reparaciones estipuladas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso El Mozote y lugares aledaños”, cuestionaron las organizaciones en un comunicado.


Afirmaron que la ley “no regula el procedimiento para solventar la problemática en cuanto al reconocimiento oficial de la calidad de madre y/o padre no biológico de hijas e hijos ejecutados”.


Exigieron al presidente que observe el decreto para que vuelva a la Asamblea Legislativa y se evite “que los sobrevivientes y sus familiares sean revictimizados”.

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