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A 91 años desde que se perpetró la masacre en 1932, en donde se estima que murieron más 30 millares de indígenas y campesinos salvadoreños, los pueblos originarios exigieron al Estado salvadoreño romper el silencio que por décadas ha imperado respecto a esta masacre y esclarecer lo que sucedió, aplicando la justicia y reparando a las víctimas.
«La Alcaldía del Común de los Izalcos y el Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI) -que integra a comunidades cacahurias, lencas, cuscatecos, nonualcos, cojutepecos nahuizalcos y tacubayas- “hacemos un enérgico llamado al Estado salvadoreño para esclarecer el delito de lesa humanidad que empaña 1932, garantizando la verdad, la justicia y una genuina reparación para las víctimas”, exigieron en un comunicado difundido el 22 de enero en el acto en recuerdo de las víctimas realizado Izalco, epicentro del crimen.
En enero 1932 el país fue testigo del levantamiento campesino donde miles de salvadoreños se alzaron con machetes y unos pocos fusiles en bandera de rebelarse contra las injusticias a las que eran sometidos. La respuesta del dictador, general Maximiliano Hernández Martínez, quien era el mandatario en ese momento, fue perpetrar uno de los peores ataques en contra de un grupo étnico en América Latina.
Tras más de nueve décadas, este este crimen de lesa humanidad continúa en la impunidad y han sido pocos los avances que el Estado salvadoreño ha dado para proteger y garantizarle los derechos a los pueblos originarios, indicaron representantes de los de los pueblos indignas.
El CACTI exigió al Estado de El Salvador romper el silencio y declarar el 22 de enero como el “Día de la Dignidad Indígena”, en honor a sus miles de hermanas, hermanos, nanas, tatas, abuelas y abuelos asesinados.
Asimismo, pidieron que todas las fosas donde reposan sus hermanos asesinados en 1932, sean declaradas lugares sagrados.
Por otra parte, llamaron a las autoridades salvadoreñas a abrir un dialogo con los pueblos originarios para que en el país se pueda dar paso a la creación de verdaderas políticas nacionales a su favor, en los que sus demandas y necesidades históricas sean colocadas al centro.
