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Personas defensoras de derechos humanos de organizaciones feministas se pronunciaron ante la situación que enfrentan en la actualidad las mujeres, entre estas las que enfrentan emergencias obstétricas, situación que ha empeorada debido a las condiciones que abrieron la suspensión de garantías constitucionales con el régimen de excepción, señalaron.
Desde 1988 a abril del 2024, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha documentado un total de 197 casos de mujeres capturadas tras sufrir un aborto o una emergencia obstétrica. El régimen de excepción, indicaron, solo ha incrementado significativamente el riesgo que más mujeres sean criminalizadas.
Lo anterior, pese a que en 2021 el Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Manuela, una mujer que fue criminalizado tras sufrir una emergencia obstétrica. Entre las reparaciones que el organismo ordenó a El Salvador se encontraban la regulación del secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, además del establecimiento de políticas públicas para garantizar la atención integral de mujeres en dichas situaciones y adecuar la figura de prisión preventiva, entre otras.
Esas y otras medidas, a juicio de Mariana Moisa, del equipo de coordinación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, son medidas importantes para garantizar la salud de las mujeres. “Lamentablemente se han conocido casos en el marco del régimen de excepción donde se ha violentado el acceso a salud reproductiva de las mujeres que han sido detenidas en el marco de este régimen. Advertimos un incumplimiento a la sentencia de Manuela y muestra un contexto preocupante para la garantía de derechos tan básicos como la presunción de inocencia”, expresó
En el Día Internacional de Acción Global por la Salud de las Mujeres, la Agrupación Ciudadana, la Colectiva Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos llamaron al Estado salvadoreño a garantizar que las mujeres privadas o no de libertad accedan a los servicios de salud y cumplir con sus obligaciones internacionales. “Ninguna política de seguridad justifica la violación de los derechos de las mujeres, y la privación de la libertad no es excusa para limitar o negar los servicios de salud, en especial los que tienen que ver con la salud reproductiva”, señaló Esteban Madrigal, abogado sénior del Centro de Derechos Reproductivos.
