Aunque el abogado de origen argentino se ha cuidado de no mezclar su cargo en la ONU y el motivo del viaje a El Salvador (la presentación de un libro de su autoría), natural y contundentemente habla de la necesidad de que las víctimas de la guerra civil salvadoreña sean reparadas por el Estado salvadoreño sin más contratiempos.
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Fabián Salvioli es desde 2018 el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ha permanecido algunos días en El Salvador, pero aclara que no es un viaje oficial como relator del organismo, el cual solo le permite hacerlo dos veces al año; no obstante ha hablado con aplomo sobre la urgencia de que a las víctimas del conflicto les alcance por fin la verdad y la justicia.
“A mí me partió el alma ver a las víctimas en los distintos lugares donde se habían cometido masacres” y “hay muchas masacres que no se han mapeado”, afirmó el relator la noche del martes 22 de febrero en un espacio de entrevistas del Canal 33.
“No pueden esperar más” fue una de las frases más urgentes que expresó el también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Para el experto, las víctimas de la guerra salvadoreña “están en esas circunstancias desde hace 40 años y están peor de lo que estaban en esa oportunidad” y tampoco “es lógico que si alguien roba un carro vaya dos años a la cárcel y que si alguien comete una masacre se quede en casa”.
La visita del relator, quien se reunió -según calificó- de manera “informal” con el presidente Nayib Bukele, ocurre en momentos que se realizan más exhumaciones en la zona de El Mozote, donde en diciembre de 1981 el ejército salvadoreño asesinó a más de mil personas civiles, entre ellos gran cantidad de niñas y niños.
En virtud de las controversiales reformas a la ley orgánica judicial promovidas por los diputados oficialistas, el juez Jorge Guzmán, encargado del proceso judicial de esta masacre, fue sustituido por la actual jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo.
El relator, consultado por este hecho, afirmó que la sustitución del juez “no debe implicar nada”, aunque expresó que le preocuparía muchísimo que el proceso no continúe la línea que traía en los últimos años: “esa tarea era de forma ejemplar”, argumentó en relación al trabajo del juez Guzmán.
A los jueces que instruyen este tipo de casos “no solo le miran las víctimas, le miran –y de cerca- la comunidad internacional”, expresó Salviolí, situación que también ocurre ante las decisiones del Ejecutivo en esta materia, como lo dio por sentado en un pasado informe respecto a El Salvador, y en el que fue notaria su preocupación por la decisión del presidente Bukele de no cooperar con el juez Guzmán negando el acceso a los archivos de la Fuerza Armada sobre El Mozote.
“Hay que permitir el acceso a los archivos, desclasificando aquello que no afecte la seguridad nacional”, dijo el experto, al destacar que en ese momento notó “casi una nula voluntad de cooperar” por parte de las autoridades salvadoreñas.
Otro de los crímenes de lesa humanidad que marca con la tristeza las páginas de la historia de El Salvador es el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados en una emboscada del Batallón Atonal el 17 de marzo de 1982 en Chalatenango.

Salvioli, en abril de 2019, durante un viaje oficial a El Salvador recibió de manos del presidente-director de la Fundación Comunicándonos y miembro de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, Oscar Pérez, un ejemplar del libro La Emboscada: Asesinato y Memoria de Cuatro periodistas holandeses en El Salvador.
En esa oportunidad el relator expresó conocer del caso, que está por cumplir 40 años sin que el Estado salvadoreño haya buscado la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares.
Los asesinatos de Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen y Hans ter Laag, este último de tan solo 25 años, todos miembros de la cadena IKON TV, ha sido calificado por la UNESCO como un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión que, de haber sido juzgado, habría servido como ejemplo para evitar más muertes de periodistas en el conflicto salvadoreño.