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Tras la firma de los acuerdos de paz, con la que finalizó el conflicto armado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía en 1993. Esta ley fue declarada como inconstitucional en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con la resolución, la Sala ordenó la creación de una ley de justicia transicional que garantizara a víctimas del conflicto armado obtener verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica, los cinco pilares y derechos que las mismas exigen a la fecha.
Sin embargo, ocho años después esta continúa como una deuda estatal e histórica, pues desde las víctimas junto a colectivos y organizaciones de derechos humanos han presentado a la fecha tres anteproyectos de ley, pero ninguna ha sido aprobada. La última fue presentada el 29 de octubre de 2024, pero la Asamblea Legislativa se ha negado a introducirlo casi un mes después.
Consultas simuladas, promesas sin cumplir, falta de voluntad política, protección a criminales de guerra, revictimización, manipulación y utilización de las víctimas: estos son los obstáculos por parte del Estado salvadoreño que subrayó Irene Gómez, que frenan que víctimas del conflicto armado obtengan verdad y justicia.
Para Marisela Toche, integrante del área jurídica de la Asociación Pro-Búsqueda, la formulación de la ley de justicia transicional por parte de las víctimas ha sido complejo, pues es una ley que han exigido las mismas por mucho tiempo y el proceso ha involucrado evaluar colectivamente sus necesidades, el diseño del marco legal, hasta la revisión y retroalimentación por expertos en la materia.
«Que el Estado cumpla con sus obligaciones en cuanto a los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado», ese es el objetivo del último anteproyecto de ley de justicia transicional presentada por las víctimas, indicó Toche.
Este último escrito presentado incluyó, entre otras actualizaciones, la incorporación del enfoque de género, el ámbito de aplicación de ley, estableciendo el periodo desde 1970 a 1992, así como la creación una unidad de la Procuraduría General de la República que ayude a las víctimas en las diligencias de documentación necesarias, de una forma “gratuita y diligente”.
“Si las víctimas no están el centro, esto no funciona”, expresó Irene Gómez, abogada del equipo de justicia transicional de Cristosal, respecto de la ley de justicia transicional que continúa como una deuda en El Salvador.
Con edición de Diego Hernández
