jueves , junio 13 2024

UCA advierte sobre daño a personas inocentes en régimen de excepción

Un estudio académico, el más completo divulgado hasta ahora, proporciona información de distintas fuentes de los hechos ocurridos en 100 días del régimen de excepción. La universidad jesuita recomienda que las graves violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas sean objeto de investigación.


Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), afirmó que el régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo pasado evidencia el fracaso del Plan Control Territorial del gobierno.

A su juicio, las constantes prórrogas por 30 días son síntoma de que este plan “no estaba dando los frutos que decía la propaganda”; también sostuvo que el régimen se mantiene porque es popular entre la población y le permite al gobierno evadir los controles normales para el uso de dinero público.

“Lamentablemente lo que esta viviendo El Salvador nos va a estallar en la cara en un futuro, nos va a estallar este daño que se hace a las familias de gente inocente, de niños que quedan sin sus padres (…), esto que llaman daños colaterales”, dijo el jesuita.

El informe ha sido elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y sistematiza información revelada por fuentes oficiales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil (en redes sociales), organizaciones sociales como Cristosal y FESPAD, así como en los medios de comunicación, entre otros.

Los datos comprenden 100 días, del 27 de marzo al 4 de julio pasados, y revelan serias violaciones a los derechos humanos, como capturas arbitrarias de personas que aducen no tener vínculos ni participación en hechos delictivos, tratos inhumanos con fuertes indicios de torturas y muertes de personas bajo custodia de agentes del Estado salvadoreño.

Un dato de Cristosal, citado por el informe, revela que hasta el 19 de julio 63 personas murieron bajo custodia estatal en los centros penales, algunas de ellas con signos visibles de golpes, lesiones graves y tortura; otras, producto de la negligencia en proveer atención médica.

Por su parte, la PDDH en tres informes de verificación ha reportado un total de 306 denuncias relativas a malos tratos, aplicación de fuerza desproporcionada, negativa de las autoridades a dar la ubicación de las personas detenidas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En la presentación del informe participaron como ponentes de los hechos documentados el coordinador general del OUDH, Danilo Flores, y la investigadora Natalia Ponce.

El informe recomienda, entre otras cosas, que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, investigue los casos que puedan ser competencia de este tribunal internacional.

Las organizaciones sostienen que muchos de los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se registran en el régimen de excepción pueden llegar a configurarse como crímenes de lesa humanidad, lo que traería a futuro consecuencias penales internacionales al Estado salvadoreño.

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