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Tras un año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que condenó al Estado salvadoreño por la muerte de Manuela, organizaciones de derechos humanos urgieron al Estado acatar las órdenes dictadas para garantizar efectivamente las reparaciones a la familia de Manuela y, asimismo, los derechos de todas las mujeres en El Salvador.
“Es tiempo de que el Estado cumpla sus responsabilidades, que no les haga esperar más. Es un año para que cumplan a las salvadoreñas que esperan un trato digno y respetuoso cuando acuden a un centro de salud en busca de la asistencia que necesitan”, señaló Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Manuela, de escasos recursos económicos, sufrió una emergencia obstétrica. Al buscar ayuda médica, en lugar de recibir atención, fue denunciada y posteriormente encarcelada.
Condenada a 30 de años por homicidio agravado, ella permaneció en prisión con un cáncer no diagnosticado y sin recibir atención médica. Esta situación la llevó a un grave deterioro de salud, lo cual provocó su fallecimiento.
En la sentencia “Manuela y otros vs. El Salvador”, del 2 noviembre del 2021, la CorteIDH responsabilizó al Estado por la violación de distintos derechos humanos de Manuela, como el de la vida, la salud, libertad personal, a la vida privada, protecciones y garantías judiciales, a vivir libre de discriminación y violencia de género, entre otras.
“Un año después de la sentencia en el caso de Manuela, no se identifican acciones definitivas del Estado para proteger a las mujeres y resguardar el secreto profesional médico”, señalaron las organizaciones.
Entre las medidas que se ordenaron a El Salvador se encuentran la obligación de mantener el secreto profesional médica a través de una regulación y con la confidencialidad de historia clínica para que las mujeres no sean denunciadas al momento de buscar atención médica, establecer políticas públicas de no repetición y garantizar la educación sexual y reproductivas en los planes de estudios escolares.
También se le mandató reparar de manera integral a la familia de Manuela y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.
El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana aseguraron que entre los años 2000 y 2019 se identificaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas.
A la fecha, son dos mujeres quienes siguen privadas de la libertad y otras dos enfrentan procesos judiciales que tienen falencias similares a las que atravesó Manuela.
“Cumplir con las medidas dictadas por la Corte es fundamental para evitar que esto vuelva suceder y para garantizar que ninguna otra mujer enfrente lo que Manuela enfrentó,” señaló Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y El Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
