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Por David Ramírez, periodista de VOCES
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés) urgió al Estado salvadoreño restablecer el orden constitucional frente a la concentración bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, al señalar un debilitamiento del órgano Judicial que compromete la garantía de derechos humanos y libertades de la población salvadoreña.
“Hemos podido determinar que el deterioro de la justicia en El Salvador fue deliberado. Uno de sus impactos más graves está en la inexistencia de tribunales independientes para proteger los derechos y las libertades de las y los ciudadanos”, expresó la directora del programa Independencia Judicial de DPLF, Úrsula Indacochea.
En el informe más reciente de la organización señaló que desde 2019 en el país se produjo una “captura del sistema judicial” que se desarrolló a través de una narrativa “hostil” por los poderes políticos, la captura de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2021 y el desmantelamiento de la carrera judicial por reformas de la ley de carrera judicial en agosto del mismo año.
Debido a las acciones del Estado salvadoreño, DPLF indicó que la garantía de los derechos y libertades fundamentales se vieron comprometidos al no poseer funcionarios judiciales independientes para su garantía.
Además, como organización consideran en el informe que este proceso de captura puede “condicionar de forma importante la decisión sobre quién gozará o no de libertad en los procesos penales”.
Además, compromete “la tramitación de procesos históricos relacionados a las víctimas del conflicto armado, vinculados con el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; el acceso a la justicia en casos de corrupción por apropiación o aprovechamiento malicioso de fondos públicos por parte de funcionarios/as de gobierno que limitan el goce de derechos sociales como la salud, educación, trabajo”.
DPLF instó al Estado salvadoreño a activar mecanismos para restablecer el orden constitucional actual a fin que se puedan contar con “magistrados/as y jueces/zas independientes que emitan decisiones imparciales ante las acciones derivadas de la conculcación de sus derechos”.
