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Distintas víctimas del conflicto armado del área central y occidental del país se congregaron en la primera “Asamblea de Víctimas del Conflicto Armado” del año para poder dialogar sobre la justicia transicional en el país y los avances de la Ley de Justicia Transicional, presentada desde 2021 a la Asamblea Legislativa.
En la asamblea, organizaciones defensoras de derechos humanos que integran la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador expusieron los antecedentes de la Ley de Justicia Transicional, las acciones realizadas para posicionar el tema en la agenda pública y los distintos hitos históricos relevantes al tema, como la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 con la sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2016 y la presentación de la ley en 2021.
“Actualizar a las víctimas con respecto a la Ley de Justicia Transicional, el anteproyecto que se presentó el 7 de octubre de 2021 y que hasta este momento no se le ha dado trámite”, mencionó la abogada del equipo de Justicia Transicional, Irene Gómez, sobre el objetivo de la primera asamblea celebrada en 2023.
También, recordaron los cinco pilares de la justicia transicional -verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica- que la misma ley contiene en su núcleo. De estas parten siete condiciones irrenunciables que cualquier Ley de Justicia Transicional debe tener: se debe asegurar la investigación y juzgamiento de los hechos, reparación integral, las víctimas como el centro de la ley, la reivindicación de la memoria histórica, definición del rol de la fiscalía, la asignación de recursos y la obligación de entregar archivos militares del conflicto armado.
Las víctimas del conflicto armado pudieron expresar sus interrogantes y comentarios sobre el contenido, y reflexionar sobre la importancia de la Ley de Justicia Transicional y los efectos que pudiera generarles.
“Quien más sabe del dolor y de lo que ha pasado son las propias víctimas. Lo que necesitan es sentirse escuchadas y, por otro lado, tener políticas integrales de salud, justicia, reparación, donde ese dolor tenga un marco social que sea visibilizado y validado”, expresó la doctora Sol Yanez, experta en atención a víctimas.
El proceso de las asambleas de víctimas se lleva haciendo desde 2009, el cual ha permitido definir y articular a lo largo de los años distintas propuestas y anteproyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa. El documento presentado en 2021 fue el último que las organizaciones defensoras de derechos humanos, con base a las conversaciones e insumos provenientes de las víctimas del conflicto armado, han generado.
Sin embargo, el anteproyecto todavía no ha sido estudiado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del órgano Legislativo, a pesar de haber contado con la iniciativa de ley de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
La MECIES ha realizado distintas acciones para que los diputados de la comisión, con mayoría de Nuevas Ideas, pueda estudiar la ley y seguir con el proceso. Algunas de estas han incluido entregas de cartas a la comisión y conferencias de prensa para denunciar la omisión de la Asamblea Legislativa.
«Tenemos la necesidad de seguir buscando la verdad en este proceso», acotó Bernabé Recinos, sobreviviente de tortura e integrante del Comité de Ex-Presos y Presas Políticas de El Salvador.
