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Vista pública del caso en contra de un escuadrón de la muerte se pospone por tercera vez

Por tercera vez consecutiva se suspendió la vista pública en el caso de un escuadrón de la muerte acusado del asesinato de 5 civiles en 1982 en el cantón San Andrés, en San Miguel.

«Es un caso que ocurrió hace 42 años. Es inaceptable que siga dilatando la justicia», dijo el jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales, quien también aseguró que han estado esperando 8 meses para que inicie esta etapa del proceso judicial. El abogado resaltó la importancia del caso, pues es el primero en donde un juicio en contra de un escuadrón de la muerte pasaría a la vista pública.

Morales detalló que, en esta ocasión, el proceso fue suspendido por dos razones. El primero porque uno de los abogados defensores notificó que los testigos que se presentarían se encontraban fuera del país, y, la segunda, debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no garantizó la comparecencia virtual de uno los imputados.

«El sistema de justicia ha fallado. No directamente a través del tribunal. Parece que la justicia de El Salvador está con muchos fallos, con muchos problemas, con mucha disfuncionalidad debido a este tipo de problemas que no logra resolver la CSJ», sostuvo el abogado y defensor de derechos humanos.

En este caso, catalogado como crimen de lesa humanidad, se acusa de asesinato, tortura y privación de libertad a los presuntos exintegrantes de un escuadrón de la muerte que operaba en el oriente del país durante el conflicto armado: José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez. Los primeros dos se encuentran con medidas sustitutivas a la detención, el tercero se encuentra detenido y el cuarto está prófugo de la justicia.

Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón fueron las personas que murieron presuntamente a manos de los imputados.

José Luis Benavides, uno de los familiares de las víctimas y que estuvo presente previo a la audiencia cancelada de hoy, aseveró que es «frustrante» para él que este tipo de cosas sucedan, pues busca que se haga justicia pronta.

Pese a que es la tercera vez que suspenden la vista pública (la primera el 15 de mayo de 2023 y la segunda el 14 de agosto del mismo año), Morales expresó que desde el tribunal se reprogramará el proceso a la brevedad posible y adoptará medidas para tratar de evitar una nueva suspensión. «Lamentable el caso porque ya son más de 40 años. Queremos que se haga justicia. Ya hemos esperado mucho», expresó José Luis Benavides, familiar de una de las víctimas civiles asesinadas en San Miguel en 1982.

Con edición de: Diego Hernández

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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