miércoles , septiembre 28 2022

40 años de impunidad en crímenes del ejército contra familia Ramírez

Al pie del monumento a las víctimas de la guerra, Carlota Ramírez depositó –como lo hace cada año- una ofrenda floral en recuerdo de nueve miembros de su familia, víctimas de captura, desaparición forzada y asesinato a manos de efectivos del ejército.


Por Carlos Portillo, director editorial

Organizaciones sociales que trabajan por la memoria histórica y la defensa de las víctimas de la guerra en El Salvador se unieron para exigir “verdad y justicia” por la captura, desaparición y asesinato de nueve miembros de la familia Ramírez, un crimen de guerra atribuido a elementos de la Fuerza Armada por el cual está demandado el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Yo voy a ofrecer estas flores a cada miembro que está en este monumento, ya que no tenemos una tumba a dónde ir”, expresó Carlota Ramírez, ante el monumento a la Justicia y la Verdad, ubicado en el capitalino parque Cuscatlán, donde se congregó junto con representantes de las organizaciones al cumplirse 40 años desde esos atroces hechos.

Carlota Ramírez y su hermana Cristina Ramírez ante el monumento a las víctimas de la guerra al cumplirse 40 años de los crímenes contra nueve miembros de su familia.

Carlota, al narrar ante la prensa lo vivido por ella y su familia, dijo: “Nosotros somos desplazados de la guerra, nos quemaron nuestra casa”.

Este caso, suscitado en un cantón de las faldas del volcán de San Salvador entre el 9 y 10 de mayo de 1982, se conoce como «Natividad Ramírez y otros contra el Estado de El Salvador» en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos.

Al acto acudieron representantes de una veintena de organizaciones que forman parte de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor para la Aprobación de la Propuesta de Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto.

En un comunicado, afirmaron que en el marco del proceso ante la CIDH, el Estado salvadoreño había llegado a una solución amistosa con los familiares sobrevivientes. Sin embargo, en los últimos meses del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén el Estado se retractó, dejando a las víctimas en total indefensión y sin procesar a quienes perpetraron estos terribles crímenes”.

“Esperamos que el actual gobierno pueda continuar con esa solución en favor de la justicia para las víctimas y sus familiares”, expresaron.

Por su parte, Sofía Hernández, una de las madres históricas de la guerra, indicó que “somos madres de muchos de los que están en el monumento, y como no pudimos celebrar con ellos el Día de la Madre estamos acá”.

“Desde hace 40 años venimos buscando a nuestro seres queridos, buscando que se haga justicia, pidiéndole a todos los presidentes, a todo el Estado, que nos ayudaran a buscar a nuestro familiares y a nuestros hijos desaparecidos, pero no hemos tenido ninguna respuesta”, indicó Madre Sofía.

“Le estamos pidiendo al gobierno que repare a las víctimas, que haga justicia. Porque las mismas injusticias del pasado son las injusticias de ahora”, expresó.

Las organizaciones elevaron una serie de peticiones respecto a este caso y, en general, por los casos que desde la guerra civil (1980-1992) siguen en la impunidad.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, pidieron instalar de forma urgente la mesa técnica en la que se discutirá con las víctimas y las organizaciones la Ley de Justicia Transicional para las Víctimas del Conflicto Armado, la cual  es una deuda pendiente del Estado, una obligación emanada de la sentencia de inconstitucionalidad de julio de 2016 que anuló los efectos de la amnistía general, y un compromiso de esa comisión con las diferentes organizaciones y personas que ya han dado sus testimonios a inicios de este año.

A la Fiscalía General de la República, le exigieron informar de los más de 150 casos de crímenes durante la guerra que han sido presentados, las investigaciones que se están realizando y su estado a nivel judicial; mientras que a la Corte Suprema de Justicia, agilizar los casos que han sido judicializados y que se garantice que los tiempos permitan presentar los testimonios de las víctimas y testigos, todo ello bajo las reglas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Las organizaciones pidieron al órgano Ejecutivo “reactivar las medidas de reparación iniciadas con el decreto 204 y que las víctimas tengan acceso a la ayuda económica contemplada, la asistencia médica y la atención psicosocial que se les brindaba hasta hace un año”.

También “dar el apoyo que requieran para sentirse reparadas por parte del Estado salvadoreño, como la de abrir los archivos del conflicto armado que se encuentran en la Fuerza Armada o reconstruirlos, en caso de ser necesario”.

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