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Por Perla Aguilera, periodista de VOCES
Organizaciones de la sociedad civil, en el marco de un informe que da seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) a El Salvador, manifestaron que “el Estado no ha tomado medidas para implementar la recomendación de acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas”.
“Ha tomado medidas contrarias”, sostuvieron.
En materia de reparación de victimas por desapariciones y a sus familiares, las organizaciones condenan que “el Estado debe considerar ratificar el Artículo 32- de Comunicaciones interestatales en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” del Comité contra la Desaparición Forzada (CED).
Según el CDH este artículo, “es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación”.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, afirmó que “existen dos instrumentos internacionales contra la desaparición forzada, de los cuales, ninguno ha sido ratificado” por el Estado salvadoreño.
Lejos de tomar las medidas preventivas para disminuir este fenómeno que atenta contra la integridad y derecho a la libertad de las y los salvadoreños, las organizaciones afirmaron que “los casos de desapariciones forzadas han aumentado en un 19.4% entre 2020 y 2021 y, sin embargo, las autoridades siguen siendo ineficientes en la búsqueda de las personas.
Mariel Merayo, del Centro para Derechos Civiles y Políticos (CCPR), afirmó que la falta de aplicación de estas medidas es una “violación grave al pacto y puede amenazar con la vida de las personas (…) este problema ha estado presente por un largo periodo de tiempo y el Estado no ha operado en medidas”.
El próximo 19 de julio el CDH realizará una “evaluación” al Estado con respecto al manejo en materia de derechos humanos, las víctimas y sus familiares.
Entre las organizaciones que participaron en las recomendaciones del informe están también Cristosal, DPFL, SSPAS y el IDHUCA.
