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Doce organizaciones de derechos humanos, entre estas la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Cristosal y otras, exigieron al Estado salvadoreño un alto a la persecución y al acoso en contra de personas defensoras de derechos humanos y prácticas en contra como el espionaje y detenciones arbitrarias.
“Que se deje de intimidar, amedrentar, perseguir a cualquier voz disidente, que lo que buscan es la exigencia de sus derechos”, manifestó la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Gabriela Santos, que acompañó también el llamado al Estado.
Las organizaciones sostuvieron que desde el inicio del primer periodo presidencial de Nayib Bukele, en 2019, han observado un alza en la intolerancia a “voces diversas” que critican políticas estatales y la vulneración a derechos humanos. Esto, indicaron, se ha traducido en acoso sistemático por parte de funcionarios, acoso tributario y administrativo, allanamientos y detenciones sin respetar el debido proceso.
Destacaron algunos casos como el allanamiento de la vivienda de una periodista comunitaria, el allanamiento de oficinas como las que pertenecen a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y la captura de uno de sus voceros, la orden de repetir del juicio en contra defensores medioambientalistas de Cabañas, así como la criminalización de defensores a través del supuesto delito de agrupaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción.
“La organización comunitaria y de la sociedad civil no debe ser perseguida y estigmatizada por la Fiscalía General de la República por medio de un uso extensivo de delitos vinculados al crimen organizado y las pandillas. El Estado debe abstenerse de utilizar su institucionalidad para amedrentar, intimidar y perseguir”, demandaron en un comunicado.
Con edición de Diego Hernández
