viernes , marzo 29 2024

Denuncian que el Estado salvadoreño continúa en persecución penal de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas


A más de un año de la condena del Estado salvadoreño de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de “Manuela”, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denunció que el Estado salvadoreño continúa persiguiendo penalmente a mujeres tras enfrentar emergencias obstétricas, a pesar de que el organismo interamericano condenó en 2021 a El Salvador por esto mismo.


“Carmen” (pseudónimo), quién sufrió un parto extrahospitalario a mediados de 2021, fue denunciada por la fiscalía y llevada del hospital a la cárcel, explicó la organización.


La Agrupación explicó que este caso fue suspendido debido que su equipo jurídico tenía pruebas científicas que demostraban su inocencia. Sin embargo, fue reabierto recientemente a petición de la FGR.


En la vista pública programada para el 16 de diciembre del 2022, la fiscalía no presentó testigos y peritajes en contra de Carmen y la audiencia fue declarada en receso hasta enero del 2023.


El pasado 12 de enero, la fiscalía pidió 50 años de prisión para Carmen.


“Carmen es inocente, lo hemos demostrado en el juicio. Rechazamos este actuar de FGR, donde se persigue y busca criminalizar a mujeres jóvenes y de escasos recursos que enfrentan partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas”, aseveró la organización.

A juicio de la presidenta de la Agrupación, Mónica Herrera, la FGR está sometiendo nuevamente a Carmen a un proceso angustioso y de estigmatización.

ACTUALIZACIÓN: Fuentes de la organización afirmaron que este día, 16 de enero, el juez declaró a «Carmen» absuelta de sus responsabilidades penales debido a que las pruebas presentadas por el equipo jurídico evidenciaron su inocencia .


En El Salvador, el aborto se encuentra prohibido en su totalidad. Esto incluye a partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas.


Cuando las mujeres sufren este tipo de emergencias médicas, la fiscalía las acusa de homicidio agravado, y buscan condenarlas con la pena máxima, según casos que ha documentado y acompañado esta organización.


Tal fue el caso de Manuela, quien sufrió una emergencia obstétrica en medio de precarias condiciones de vida. Fue acusada por el personal médico al que acudió por ayuda, luego detenida arbitrariamente y sometida ante un juez sin una defensa judicial, dando lugar a una condena a 30 años de prisión, según relata la documentación de la Corte IDH.


Dos años después, Manuela murió de cáncer en prisión, sin recibir el tratamiento médico adecuado.
La Corte IDH responsabilizó al Estado salvadoreño de su muerte y le ordenó a no continuar criminalizando a mujeres salvadoreñas tras sufrir situaciones similares.


A la Corte IDH también se le trasladó el caso de Beatriz, a quien se le negó abortar pese a su critico diagnóstico de salud, al estado de su hijo sin cerebro y sin posibilidades de sobrevivir fuera del útero materno, y a la recomendación del Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad para interrumpir el embarazo.

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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