VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Tras cuatro décadas desde que gran cantidad de niñas y niños salvadoreños empezaron a ser desaparecidos por agentes del Estado y tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado salvadoreño por estos crímenes, ni uno de los responsables de venderles en el extranjero ha sido presentado ante la justicia.
¿Dónde están?, es la pregunta de los familiares que, a pesar del paso de las décadas y condenas internacionales, el Estado salvadoreño se ha negado a responder.
Por Carlos Portillo*
La niña salvadoreña Erlinda Serrano Cruz tenía tres años y su hermana Ernestina llegaba a los siete en aquel mayo de 1982 cuando fuerzas militares compuestas por más de 14 mil efectivos cercaron los cantones de Chalatenango, en el norte de El Salvador.
En el sangriento operativo contrainsurgente a cargo de los batallones militares élites Atlácatl y Belloso, entrenados en Estados Unidos, la población civil fue masacrada y los más afortunados huyeron sin nada en las manos.
A aquel doloroso episodio ocurrido en los albores de la guerra de El Salvador, la población que fue víctima lo llamó la Guinda de Mayo, mientras que el ejército lo ejecutó bajo el nombre Operación Domínguez de Pacificación y Limpieza, una muestra de su estrategia de Tierra Arrasada, que pulverizó a poblados enteros, como en El Mozote, El Calabozo y la masacre del río Sumpul, entre otros grandes crímenes de lesa humanidad.
Las niñas Erlinda y Ernestina fueron encontradas por soldados cuando se escondían del horror de las acciones militares, posteriormente fueron sustraídas por el temible Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl y desaparecidas forzosamente. Su paradero a la fecha es deconocido.
El Atlácatl fue el responsable de masacrar cinco meses antes -en diciembre de 1981- a cerca de mil personas (alrededor de 500 fueron niñas y niños) en el cantón El Mozote y los lugares aledaños a este, en el nororiental departamento de Morazán. Este atroz hecho es considerado como el genocidio más grande de civiles en la historia contemporánea de América y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, condenó al Estado de El Salvador en octubre de 2012, responsabilizándole del crimen y de la negación de justicia.
En este 2022 –de encontrarse vivas– Erlinda tendría 43 años y su hermana Ernestina 47, pero la última vez que se les vio fue el 6 de junio de 1982 cuando fueron subidas forzosamente a un helicóptero de la Fuerza Armada de El Salvador que las transportó hacia la zona conocida como la Sierpe, cerca del centro de la ciudad de Chalatenango.
No hay evidencia de qué les ocurrió a las niñas luego de ese trágico día, aunque fuentes documentadas sostienen que durante la guerra existió un patrón sistemático de desaparición forzadas de niñas y niños, los cuales eran traficados en el extranjero, donde se dieron en adopción a familias que pagaron cifras entre los 10 mil y los 20 mil dólares.
Hasta ahora, ni uno solo de estos crímenes de lesa humanidad ha sido juzgado. “Nosotros queremos saber el paradero de ellas”, afirmó en una entrevista con VOCES Fernando Serrano Cruz, uno de los hermanos de las niñas.
El estado de impunidad
La desaparición forzada de Erlinda y Ernestina, así como de miles de niñas y niños durante la guerra, se encuentra en un estado de impunidad perenne, pese a que ya pasaron tres décadas desde que El Salvador firmó unos acuerdos de paz entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras integradas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que acabaron con el conflicto bélico y conllevó a la presentación y publicación del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, que señaló directamente a autores de crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por la guerrilla, como por la Fuerza Armada y los escuadrones de la muerte (grupos paramilitares).
El informe fue presentado el 15 de marzo de 1993. El Estado respondió aprobando una Ley de Amnistía el 20 de marzo de 1993.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador, después de la Ley de Amnistía de Chile, “es una de las más lesivas para los derechos humanos de las víctimas de los conflictos armados porque dejó en total impunidad tanto los crímenes que se cometieron por el Estado, como los que se cometieron por las diferentes facciones de la guerrilla del FMLN, y los cometidos por paramilitares en nombre de cualquiera de los dos bandos”, explicó a VOCES Jayme Magaña, abogada defensora de derechos humanos y presidenta de la fundación Mujeres Pro-Transparencia (MTP), la cual representa a los comités de madres y familiares de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas en la pasada guerra.
Fernando Serrano Cruz señaló que en el país cada vez que hay cambios de funcionarios a cargo de la investigación esta se “vuelve a reiniciar” y “llegan hasta lo que ya nosotros conocemos”, que la ultima vez que las vieron fue en la Sierpe, Chalatenango.
La guerrilla se transformó –tras el término de la guerra– en un partido político de izquierdas, detentando el poder Ejecutivo por una década, entre 2009 y 2019.
El primer quinquenio lo gobernó Mauricio Funes, un periodista de televisión incisivo considerado un outsider y quien llevó por primera vez a las izquierdas salvadoreñas al poder tras 20 años de dominio de la derecha representa por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
En el segundo quinquenio, el país fue gobernado por el profesor Salvador Sánchez Cerén, un antiguo comandante guerrillero que muy poco hizo por las víctimas de la guerra en la que luchó, como otorgar entre $15 y $50 a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
Actualmente, ambos expresidentes están exiliados en Nicaragua y sobre ellos pesan acusaciones de corrupción.
“Hemos tenido actitudes con los gobiernos de ARENA de negar lo ocurrido, del FMLN de ser sensible, pero no aportarle mucho más, y de un Nayib Bukele (actual presidente de El Salvador) de (…) tampoco hacer nada por resolverlo”, dijo a VOCES Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda), en declaraciones dadas en Guarjila, un poblado icónico en la lucha por encontrar a los infantes desaparecidos enclavado en el norte de El Salvador y donde empezó su lucha en favor de las víctimas de estos crímenes el jesuita Jon Cortina (Bilbao, 8 de diciembre de 1934 – Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2005).
Cortina, teólogo y doctor en ingeniería, era también un gran amigo de Jon Sobrino, ícono de la Teología de la Liberación. Su obra en El Salvador está ligada a Guarjila, pero sobre todo la búsqueda de verdad y justicia por los miles de niñas y niños que el ejército sustrajo durante la guerra.
La comunidad de Guarjila es una repoblación de familias que huyeron hasta Honduras, al campamento para refugiados en Mesa Grande. Víctimas de la represión militar, volvieron como se fueron: sin ninguna pertenencia material, pero con toda la convicción de volver a vivir en su país y encontrar a sus niñas y niños.
El día que regresaron luego de que en 1992 se firmara la paz, Jon Cortina estaba allí, y en ese lugar se quedó el resto de su vida ayudando a la comunidad a salir adelante.
“Él les dio esa alegría a muchas madres, a quienes de sus brazos les quitaron a sus niños y los desaparecieron para que muchas madres tuvieran ese don, esa alegría, de poder abrazar a su niña y a su niño que él encontró por medio de la Asociación Pro-Búsqueda”, expresó Juana Morales, una activa habitante de la comunidad, el pasado 10 de diciembre, día en que se realizaron actos en memoria del jesuita a 17 años de su muerte.
El sacerdote, junto a las madres y padres de la niñez desaparecida, fundó el 18 de agosto de 1994 a Pro-Búsqueda, una de las organizaciones ejemplo en América Latina. Está conformada por víctimas de niñez desaparecida durante la guerra y con los años avanzó tanto que es la única de su tipo en el continente que administra sus propio banco de perfiles genéticos para dar con el paradero de personas desaparecidas.
Este trabajo ha permitido que 463 niñas y niños que sufrieron desaparición forzada en la guerra pudieran reencontrarse con sus familias biológicas, algunos fueron encontrados ya fallecidos, pero sus familiares lograron cerrar ese duelo y contestar la pregunta de ¿Dónde están?
“En Guarjila es donde el padre Cortina empezó a recibir noticias de niñas y niños desparecidos. Hasta ese lugar llegaron los delegados de la Comisión de la Verdad de la ONU a tomar las primeras denuncias y testimonios por estos crímenes”, expresó García.
La búsqueda de la verdad
Pro-Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron la demanda por el caso de las niñas Serrano Cruz en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, EE. UU., la cual remitió el caso a la Corte IDH el 14 de junio de 2003 debido a la renuencia del Estado salvadoreño de cumplir las recomendaciones dictadas en una primera resolución.
En su informe de fondo sobre el caso, la CIDH instó a El Salvador a investigar la desaparición de las hermanas Serrano Cruz para determinar su paradero y las responsabilidades de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las niñas y sus familiares.
Desde esta primera demanda presentada ante la CIDH, se explica la sucesión de hechos que vivieron las niñas hasta ser desaparecidas: la Operación Domínguez de Pacificación y Limpieza, durante la cual fueron sustraídas, inició el 27 de mayo de 1982 y se extendió hasta el 9 de junio.
La familia Serrano Cruz, que habitaba en el municipio de San Antonio de la Cruz, situado a unos 100 kilómetros de San Salvador, se vio obligada junto a otros pobladores a desplazarse para esconderse de la presencia militar.
Huyendo de la operación militar, únicamente María Victoria Cruz Franco (madre de Erlinda y Ernestina) y Fernando, uno de sus hijos, lograron cruzar el cerco militar y ponerse a salvo.
Dionisio Serrano, esposo de María Victoria, junto a sus hijos Enrique, Suyapa
–quien llevaba a su bebé de seis meses en brazos–, así como Erlinda y Ernestina se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Luego de tres días de caminar llegaron al caserío “Los Alvarenga”, en donde se escondieron por otros tres días sin agua ni alimentos.
Suyapa decidió apartarse de su padre y hermanas para no ponerlas en riesgo, pues su bebé lloraba y podían ser detectados por los militares, mientras que Dionisio y su hijo Enrique fueron a buscar agua a una quebrada cercana por petición de las niñas, quienes al verse solas comenzaron a llorar y fueron descubiertas por los militares.
En testimonios de Suyapa Serrano Cruz ante la CIDH y la Corte IDH, ella relató que los soldados se llevaron a sus hermanas, pues escuchó cuando un soldado preguntó a otros si debían llevarse a las niñas o matarlas, a lo cual otros de ellos respondieron que se las llevaran.
En el proceso el Estado salvadoreño se atrevió a negar la existencia de las niñas Erlinda y Ernestina, esto como parte de su estrategia de defensa y muy a tono con la política de silencio y olvido sobre los crímenes ocurridos en el contexto de la guerra (1980-1992).
Este caso provocó que el 1 de marzo de 2005 el Estado de El Salvador fuera condenado por primera vez por la CorteIDH en materia de niñez desaparecida durante el conflicto armado. El Tribunal interamericano responsabilizó al Estado salvadoreño de la desaparición forzada de las dos niñas y la negación de justicia a sus familiares, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Las niñas Serrano Cruz se erigen como un emblema en la lucha por conocer la verdad y hacer justicia por estos crímenes.
“Lo icónico de este caso es que fue el primero en el que la Corte reconoce la desaparición forzada de niñez durante el conflicto armado salvadoreño”, afirmó la abogada Jayme Magaña.
“Se nos hizo más grande ese sueño de poder dar con ellas ya con esa sentencia”, aseveró, por su parte, Fernando Serrano Cruz.
A esta resolución le siguieron dos sentencias más sobre niñez desaparecida, la del caso Contreras y otros contra El Salvador (31 de agosto de 2012) y Rochac Hernández y otros contra El Salvador (14 de octubre de 2014). En estos procesos también participó la Asociación Pro-Búsqueda como litigante.
Las tres sentencias totalizan 13 casos de víctimas de desaparición forzada elevadas al sistema interamericano de derechos humanos, ante la incapacidad del Estado salvadoreño de encontrar la verdad de los hechos, hacer justicia y dar con el paradero de las niñas y niños arrancados de los brazos de sus familias.
Magaña explicó que el sistema interamericano “permite buscar justicia tanto transicional, como restaurativa, para los crímenes de lesa humanidad que dentro de tu país no puedan ser perseguidos por diferentes causas”.
La especialista en derechos humanos dimensionó que la importancia del sistema se puede notar cuando en el país no se tiene acceso a la justicia, ya sea por una ley de amnistía o por las mismas políticas del Estado: “las victimas pueden conseguir la justicia y el derecho a la verdad, y que el Estado reconozca los crímenes que cometió durante el conflicto armado, y que los Estados puedan comenzar así a resarcir el daño y las víctimas sanar esas heridas”, argumentó.
No obstante, lo que el Estado salvadoreño ha hecho, como en el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina, “es darles el pago monetario, pero no se ha alcanzado la justicia transicional que es la de llevar a juicio a los victimarios o a los actores intelectuales de ese tipo de crímenes”, dijo la abogada.
En 2006 el Estado salvadoreño, en virtud de la sentencia de la Corte IDH, realizó un acto encabezado por el entonces canciller Francisco Laínez. Lo que debía ser un acto de desagravio, una petición expresa de perdón, se convirtió en un momento humillante y revictimizante para la familia Serrano Cruz, según informaciones periodísticas de aquel momento.
El gobierno del presidente Antonio Saca (encarcelado actualmente por corrupción) por medio de su canciller ocupó la ceremonia como un acto de propaganda presentando un reencuentro de personas desaparecidas gestionada por ellos. En ningún momento pidió perdón explícitamente por la desaparición de las niñas Serrano Cruz y quiso exponer a las familias con la entrega pública del cheque que les correspondía como parte de las medidas de reparación dictadas por el Tribunal interamericano.
Laínez, como parte de los alegatos que formaron parte del proceso que llevó a la sentencia, había negado la existencia física de las niñas Serrano Cruz.
“Al ser el Estado salvadoreño suscriptor de la jurisdicción de la Corte Interamericana debe aceptar sus sentencias y darle cumplimiento a cada uno de los estándares internacionales para la justicia transicional y restaurativa”, manifestó la abogada salvadoreña.
En las tres sentencias sobre niñez desaparecida el común denominador es el incumplimiento del Estado salvadoreño a las reparaciones de fondo ordenadas por el Tribunal.
“Han pasado diferentes gobiernos, diferentes asambleas, diferentes jueces, fiscales y magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo tanto, esto ya no es un acto político de un partido, o una revancha, esto se convierte en un estado de impunidad, en el que ningún gobierno, ningún fiscal, ninguna Corte Suprema de Justicia, ni ningún juez, ha tenido la osadía, el valor, de enfrentar la impunidad viéndola a los ojos para hacer que haya un Estado de Derecho en el país”, reiteró García.
Añadió que el Estado salvadoreño “debe entender que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser amnistiable, es decir, siempre van a estar allí esperando conocerse la verdad, la justicia y la reparación para quienes recibieron los agravios”.
El defensor de derechos humanos resumió que, pese a las tres sentencias de la CorteIDH, el Estado de El Salvador sigue sin cumplir con la creación de un banco de perfiles genéticos para buscar e identificar a niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, investigar, individualizar y sancionar a los posibles responsables y establecer garantías de no repetición. “Estos son los temas sancionados por la Corte que no han sido siquiera mirados de reojo por la justicia salvadoreña”, sostuvo.
Más allá de condenar a los culpables, María Victoria Cruz Franco falleció esperando encontrar a sus hijas en cualquier parte del mundo donde se encuentren, si aún vivieren.
El tráfico de niñas y niños como política de Estado
Eduardo García aclaró que no solo fue el tráfico, su sustracción y la venta de niñas y niños en el extranjero, sino también “una política de Estado, fue una actuación a todos los niveles de todas las instancias competenetes que tiene el Estado”.
De esta manera “hubo jueces que con benevolencia daban vida jurídica a estos niños; hubo procuradores generales de la República, que sin repudio ni escrúpulos, daban en adopción a niños; hubo militares y elementos militares por órdenes de superiores que sustraian niños del campo de batalla y que posteriormente los regalaban o se apropiaban de ellos”, añadió.
Jon Cortina en una entrevista póstuma publicada en el programa Los niños perdidos de la guerra de Cronicast reconfirmó la actuación de estos agentes del Estado salvadoreño.
“Son muchísimos los operativos (militares) en que se hacen grandes matanzas de personas civiles”, dijo el 9 de diciembre de 2005, justo tres días antes de su muerte, en la entrevista que fue difundida de forma exclusiva el año pasado.
“El tema de los niños desaparecidos comienza en los grandes operativos militares, operativos de Tierra Arrasada, donde empiezan a llevarse a estos niños. De hecho, en el operativo del río Sumpul ya se llevaron dos niños, que se los llevó la Fuerza Área. Los encontraron junto al cádaver de la mamá que la habían matado los helicópteros”, describió Cortina.
Dos años antes del secuestro de Erlinda y Ernestina se había perpetrado la masacre en el río Sumpul, en la frontera con Honduras y muy cercano a San Antonio de la Cruz. En la ejecución de este crimen de lesa humanidad se estima que alrededor 600 personas fueron asesinadas por militares salvadoreños y hondureños mientras huían de la represión. 42 años han pasado y las víctimas siguen exigiendo verdad y justicia. Entre las víctimas hubo niñas y niños que fueron asesinados con bayonetas por los militares hondureños.
En los sucesos acaecidos en el marco de la Guinda de Mayo se sabe que al menos 50 menores de edad fueron sustraídos por elementos militares. Fue “la primera gran desaparición de niñas y niños que se hace durante la guerra”, dijo el jesuita.
Expresó que en un primer momento se dio la impresión de que estas desapariciones pretendían aterrorizar a la poblacion civil, pero se evidencia que había soldados a quienes les permitía llevárselos “con una idea de beneficio personal, lucro personal”.
Al citar a una testigo de la época de la guerra en un juicio por rapto de niños que fue denunciado, Cortina recordó que ella dijo: “Estos niños se daban en adopción por 20 mil dólares” que se los repartían las personas que participaban en la sustracción de los niños y los abogados que preparaban los papeles.
En el mismo programa García explicó que eran vistos como trofeos de guerra: “tenemos muchos testimonios donde elementos miltares cargaban a los niños en su mochila y solo asomaban su cabecita, muertos de miedo”.
Pero también la mayoría de los casos de desapariciones se dan en los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán donde la población presenta rasgos físicos como piel blanca, cabellos y ojos de color claros. Estos eran más fáciles de vender en el extranjero, en cambio las niñas y niños en poblaciones con características mestizas o indígenas eran asesinados.
Se conoce que el tráfico de menores salvadoreños tuvo como destino diferentes países. En el continente americano se han localizado en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belice y también en El Salvador; pero las niñas y niños salvadoreños llegaron a lugares tan lejanos como España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Inglaterra, Australia y Japón.
En su mayoría los padres adoptivos han manifestado que no eran conscientes de que estaban comprándolos, pues a ellos el dinero se los pedían para gastos de manutención y trámites.
Hay testimonios, expresó García, donde los infantes fueron literamente arrebatados de los brazos de sus madres y los soldados les decian “que el gobierno iba a disponer mejor” de estas niñas y niños.
En la red de venta de menores se señala la participación de las Damas de la Cruz Roja, en cuyas instalaciones las niñas y los niños eran “cuidados”, a las que se sumaron otras personas involucradas que operaban las llamadas “casas de engorde”, otros les tramitaban nuevas identidades, realizaban procesos ilegales de adopción y hacían los contactos en el extranjero con las personas que pagaron por estas niñas y niños.
“En eso estuvieron involucrados, incluso se mencionaron algunos funcionarios de gobierno en aquel momento, incluyendo a un funcionario muy importante en la Asamblea Legislativa que tenía un lugar en donde decían que se engordaba a los niños para mandarlos a vender”, expresó el general Adolfo Blandón, quien fue ministro de la Defensa Nacional entre 1982 y 1986, en el programa de Cronicast.
Describió que “los niños llegaban de los teatros de operaciones a las bases militares y de allí eran entregados a la Cruz Roja Internacional o algún oficial se llevaba a algún niño a su casa y no hubo un control estricto que en estos momentos pudiera ayudar en una forma efectiva a aclarar esta situación”.
La espera continúa
En el programa de Cronicast, el general salvadoreño David Munguía Payés también comentó: “Yo era miembro de un batallón de reacción inmediata, el batallón Belloso. Nosotros operábamos en Morazán, Chalatenango, en San Vicente. Yo sí sé que en algunas oportunidades se transportaron niños a la retaguardia y a discreción de algunos compañeros se regalaron”.
“Había gente que cuando nosotros hacíamos las evacuaciones a la retaguardia llegaba para que les regalaran niños. En algunas oportunidades que pude presenciar yo fueron regalados algunos niños”, dijo quien fue un poderoso funcionario en los dos gobiernos del FMLN como ministro de la Defensa Nacional, en un primer momento, y luego como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Munguía Payés guarda prisión acusado de delitos cometidos en su época como ministro.
“Toda esta gente que se opone a esta verdad habla del perdón y olvido, pero yo diría cómo puede olvidar una madre al hijo que se lo han robado y en cuanto al perdón a quién se va a perdonar si nadie ha pedido perdón”, expresó Cortina sobre el estado de impunidad que ha prevalecido en El Salvador.
La familia de las niñas Serrano Cruz, tras el asesinato del padre por fuerzas militares en 1985, se refugió en Mesa Grande con ayuda de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero en 1987 la madre decide regresar a El Salvador para buscar a las niñas.
Ante la Corte IDH Suyapa Serrano Cruz declaró que “tenían miedo de buscar a las niñas porque no tenían apoyo. En 1992 la madre de la testigo fue al tribunal a interponer una denuncia, pero no la escucharon y la sacaron del tribunal. El 30 de abril de 1993 su madre presentó una denuncia ante el Tribunal de Primera Instancia de Chalatenango; sin embargo, no declaró bien cómo sucedieron los hechos porque sentía temor”.
Ese fue el inicio de un tortuoso camino al que luego se sumó Pro-Búsqueda en 1994, dándole acompañamiento hasta que el caso llegó al sistema interamericano buscando la justicia negada en El Salvador.
García narra que sobre las niñas se sabe que “llegaron vivas a las instalaciones militares y que allí se les perdió el rastro. No sabemos si las damas voluntarias de la Cruz Roja o la propia Fuerza Armada dispusieron de ellas de una forma no legal; lo cierto es que su familia las sigue esperando, que las niñas ya tendrían más de 40 años cada una y que ya es suficiente la espera para tener un abrazo merecido, un reencuentro después de una guerra para pasar la página de ese dolor”.
Fernando Serrano Cruz recordó el dolor de su madre, fallecida en marzo de 2004: “Ella aún estando en una situación de salud bien deteriorada seguía soñando y con la esperanza firme que iba a tener la oportunidad de encontrarlas, abrazarles y decirles la verdad de cómo había sucedido”.
Nos comprometió a nosotros como hermanos: “Quiero que ustedes sigan investigando, sigan exigiendo que el Estado ponga de su parte para dar con el paradero de ellas y cuando las encuentren les digan que yo morí pensando en ellas”.
“Tenemos esa fe de que en algún lugar están”, dijo con la esperanza intacta, pese al dolor por mas de cuatro décadas, el hermano de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz.
Pro-Búsqueda continua apoyando a los hermanos Serrano Cruz para que un día se den los abrazos que están en pausa desde hace más de 40 años.
Carlos Portillo, periodista salvadoreño. Este reportaje fue elaborado como parte de los requisito para aprobar el Diploma de Derechos Humanos para Periodistas (V edición) organizado por la Corte IDH y UNESCO.
