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Por David Ramírez, periodista de Voces
Durante 2021 se suscitaron acciones en el país que imposibilitan el progreso de casos de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que, el derecho integral a la reparación de las víctima de la guerra sigue siendo negada.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA presentó su informe “El estado de los derechos humanos en El Salvador en 2021” en donde además de informar el deterioro a los derechos fundamentales, también señaló que el Estado ha dado un paso atrás en materia de reparación para las víctimas del conflicto armado.
Durante el mes de septiembre del año anterior se aprobaron reformas por la actual administración a Ley de Carrera Judicial la, cual removió a una proporción importante de jueces y juezas de la corte suprema. Entre ellos, Jorge Guzmán, quien llevaba el juicio por la masacre de El Mozote desde 2016. “Creemos que ahí hay un claro retroceso”, dijo el coordinador general de OUDH, Danilo Flores.
A ello también se le suma la negación por parte del Gobierno del acceso de los archivos militares, como en el caso de El Mozote.
El informe, además presenta la desigualdad de presupuestos que el Estado provee para la reparación de las víctimas, señalando que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos, junto al Ministerio de Desarrollo Local, solo alcanzan un 2% en comparación al presupuesto para las pensiones de veteranos militares y excombatientes guerrilleros.
La OUDH concluye y evidencia en algunos casos un estancamiento en el proceso para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas.
