sábado , agosto 13 2022

Expresan preocupación por situación de derechos humanos en Panamá

Panamá es escenario de movilizaciones de colectivos sociales, manifestaciones y cortes de carreteras, provocadas por el agobiante aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles, lo cual ha desbordado el descontento ciudadano y da pie a las demandas políticas y sociales que reivindican las organizaciones.


El Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, integrada por seis organizaciones sociales, entre ellas FESPAD, de El Salvador, pidió al Estado de Panamá el respeto de los derechos humanos y soluciones sostenibles para las grandes mayorías en el marco de las masivas protestas que tienen lugar desde hace más de dos semanas en ese país.

En un comunicado reseñaron que en mayo pasado diversas organizaciones panameñas marcharon a Casa Presidencial para exigir «reivindicaciones sociales y la mejora en la calidad de vida», pero estas «fueron desestimadas por el Ejecutivo».

El 28 de junio pasado realizaron una segunda marcha, que tampoco tuvo respuesta, mientras que tres días después -el 1 de julio- un grupo magisterial aglutinando en la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) declaró una huelga general, a la que se sumaron la Asociación de Profesores de Panamá (ASPROF), la Alianza Pueblo Unido por la Vida, comunidades campesinas, entre otros.

El pueblo organizado de Panamá exige al gobierno una rebaja y congelamiento de la canasta básica, sin afectar al productor nacional; rebaja y congelamiento del precio del combustible; reducción y abastecimiento de medicamentos en caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar los servicios de salud; asignación del 6% del PIB para educación; reducción en los costos de la energía eléctrica; combate a la corrupción y transparencia en la gestión pública; y la creación de unas Mesa intersectorial y de seguimiento a las exigencias populares.

Las organizaciones del Equipo de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica se manifestaron preocupadas “por los incumplimientos históricos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del pueblo panameño, por el riesgo que supone la extensión del presente conflicto y la dificultad de alcanzar acuerdos para la adopción de soluciones sostenibles y duraderas al reclamo popular”.

En este contexto, pidieron al gobierno de Panamá generar políticas públicas sostenibles que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas, entre los que destacan: salud, educación, vivienda adecuada, alimentación, agua, entre otros.

Asimismo, exigieron abstenerse de realizar acciones represivas en contra de la población que se encuentra ejerciendo su derecho a la protesta pública, evitar la criminalización de la protesta social, eliminando toda forma de estigmatización en contra de las personas que alzan su voz por la mejora de las condiciones de vida y generar espacios de diálogo franco y respetuoso, con el compromiso puesto en el pueblo panameño y realizar acciones dirigidas a cumplir esos acuerdos.

“Panamá, al igual que el resto de países de la región centroamericana, debe abandonar modelos económicos, políticos y culturales que incrementan las brechas de desigualdad y condenan a las grandes mayorías a la exclusión. Más bien, se deben generar políticas, planes y acciones comprometidas con el respeto, realización y protección de los derechos humanos de todas y de todos”, expresaron las organizaciones.

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