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BRASILIA, DF, 27.03.2019 - Ricardo Salles, Meio Ambiente - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa de reunião da Comissão de Meio Ambiente do Senado para apresentar as diretrizes e os programas prioritários da pasta. - (Foto: Renato Costa/FramePhoto/Folhapress)

Investigan al ministro de medio ambiente en Brasil por incendios en la Amazonía.

Un tribunal brasileño solicitó el pasado martes que se analice «inmediatamente» la posible destitución del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por su gestión durante los incendios en la Amazonía. La Fiscalía brasileña pidió en junio, la destitución del ministro alegando que Salles estaba cometiendo un delito al impulsar el desmantelamiento de las estructuras estatales que buscan inhibir los delitos ambientales.

La Fiscalía denunció que Salles estaría detrás «del desmantelamiento deliberado de las políticas públicas destinadas a proteger el medio ambiente» y alertó de que en caso de que no fuera destituido «el aumento exponencial y alarmante de la deforestación», podría llevar a la selva Amazónica «a un punto de no retorno».

La cantidad de focos de incendios registrados en la Amazonía de enero a septiembre de este año es la más alta desde 2010, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. En concreto, en 2010 se registraron 102.409 focos de fuegos en la Amazonía desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre. En 2020, en el mismo período, han sido 76.030. Septiembre es, históricamente, el mes con más incendios en esta región. Este año, se han registrado 32.017, un aumento del 61 por ciento respecto a septiembre de 2019.

En septiembre, y ante la ausencia de novedades, la Fiscalía volvió a insistir y exigió a las autoridades judiciales una decisión, pues mantener a Salles como encargado de la cartera de Medio Ambiente, dijeron, «ha traído trágicas consecuencias a la protección ambiental». Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha salido al paso de estas acusaciones, asegurando para la red Globo, que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo «ya reconocieron que ni siquiera hay pruebas reales que se le puedan atribuir al ministro».

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