sábado , junio 25 2022

La inconveniencia Estatal del aborto

Algunos funcionarios oficialistas tenían opiniones diferentes sobre el aborto previo a ser electos.

Ciertas diputadas de Nuevas Ideas y hasta el mismo presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tenían opiniones diferentes sobre la práctica del aborto antes de que fueran electos popularmente como funcionarios y ahora que ejercen como parlamentarias y como presidente.

El presidente Bukele fue a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” el 31 octubre de 2018 en el contexto de conversatorios que la institución de educación superior organizó con las fórmulas de los candidatos presidenciales. En este, se le preguntó la opinión a él junto con el candidato a vicepresidente, Félix Ulloa, sobre distintos temas de interés nacional y sus formas de gobernar.

Sobre el aborto se le preguntó cuál era su postura. La respuesta de Bukele fue que aceptaba solamente una condición para permitir el aborto: “únicamente estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre”, dijo el entonces candidato.

Bukele estaba de acuerdo con el aborto terapéutico. Fuente: MBN Digital

Siguió con su explicación comparando la situación de un aborto espontáneo de una mujer de pocos recursos económicos con una mujer de mayores recursos. “No asumamos presunción de culpabilidad en una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo”, expresó, diciendo que a las mujeres que tienen más poder adquisitivo no se les cuestiona cuando esto les ocurre, pues tienen acceso a mejores instituciones y médicos.

La postura de Bukele coincidía con la aceptación de una causal que permite el aborto: la terapéutica. El aborto terapéutico es el aborto voluntario de un embarazo por razones de salud de la madre. Es decir, esta práctica se llevaría a cabo si la vida de la gestante se encuentra en peligro debido a condiciones causadas o agravadas por su embarazo.

Sin embargo, el 17 de septiembre de 2021, ya más de tres años desde de que asumió como presidente, el mandatario salvadoreño hizo una publicación en su página de Facebook donde tajantemente decía que no estaba de acuerdo con el aborto. Ni siquiera con su postura anterior de permitir el aborto terapéutico.

La publicación fue una aclaración que Bukele hizo a la sociedad salvadoreña, ya que el 16 de septiembre recibió de parte de Ulloa un anteproyecto de reformas a la Constitución que pudiera haber sentado las bases para la legalización del aborto terapéutico. El inciso dos del artículo 1 de la Constitución actualmente se lee de la siguiente manera: “ASIMISMO RECONOCE COMO PERSONA HUMANA A TODO SER HUMANO DESDE EL INSTANTE DE LA CONCEPCION”

Artículo 1 de la Constitución de El Salvador. Fuente: Constitución Política de 1983

La reforma propuesta por el vicepresidente mencionaba lo siguiente: “Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano en general desde el instante de la concepción y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante. En caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente”. La reforma reconocía que la gestante también tiene derecho a la vida y abría la puerta para que los legisladores salvadoreños pudieran establecer una ley o reformar el Código Penal para que las leyes siguieran este precepto constitucional.

Reforma al artículo 1 propuesto por el equipo ad-hoc que estudió reformas a la Constitución Política de El Salvador. Fuente: Anteproyecto de reformas a la Constitución.

La respuesta de Bukele a esta propuesta (y a la propuesta de reconocer el matrimonio igualitario y la eutanasia) fue: para que no quede NINGUNA DUDA, NO PROPONER NINGÚN TIPO DE REFORMA a NINGÚN ARTÍCULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”, escribió en Facebook.

Post de Facebook del presidente Bukele diciendo que no propondrá reformas a la Constitución pertinentes al aborto, eutanasia y matrimonio igualitario. Fuente: Facebook de Nayib Bukele.

Así contradijo al Bukele de 2018.

Las diputadas que eran pro-derechos reproductivos de la mujer

Es pertinente decir que Bukele fue del pensamiento de que se pueda permitir realizar el aborto terapéutico a las mujeres salvadoreñas, ya que del caso de Beatriz surgió la “Reforma Beatriz”, propuesta por colectivos feministas el 28 de septiembre de 2021.

Una mujer, de clave “Beatriz”, exigió al Estado salvadoreño realizarse un aborto terapéutico en 2013. Los médicos del Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad recomendaron a Beatriz que interrumpiera su embarazo, ya que el feto tenía la condición médica de la anencefalia, una enfermedad grave en el cual este no desarrolla parte de su cráneo y encéfalo.

Esto agravó el Lupus Eritematoso Sistémico con nefropatía lúpica y artritis reuma­toidea que se le diagnosticó a Beatriz en 2012. Sin embargo, desde 1998 el Código Penal salvadoreño no permite a las mujeres realizarse ningún tipo de aborto. Debido a esto, Beatriz, junto con organizaciones feministas, pusieron un recurso de amparo a la Sala de lo Constitucional para que se le pudiera realizar un aborto a ella.

El mismo Bukele tuiteaba en favor de Beatriz en 2013.

El recurso no obtuvo una respuesta favorable, por lo que Beatriz y las organizaciones acudieron al sistema de justicia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió lo siguiente: “Requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y, de este modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la señora B”, mencionó en las medidas provisionales pertinentes al caso de Beatriz.

A raíz de esto se le pudo practicar una cesárea a Beatriz, donde nació un niño con partes de su cráneo sin desarrollar, muriendo horas después de su nacimiento.

Beatriz murió en 2017 a causa de las complicaciones de un accidente vial.

Volviendo a 2021, el 18 de octubre los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales “debatió” la reforma Beatriz presentada un mes antes. Esta tenía como objetivo adicionar el artículo 133-A al Código Penal, legalizando el aborto cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, cuando exista una malformación fetal que imposibilite la vida del feto fuera del útero y cuando el embarazo sea producto de la violación a niñas, adolescentes o mujeres.

La totalidad de la discusión duró aproximadamente 40 minutos, entre regaños de los diputados de Nuevas Ideas al FMLN y a Nuestro Tiempo por haber introducido la iniciativa a la Asamblea Legislativa, y argumentos jurídicos y confesionales sobre por qué no están a favor de la iniciativa.

“Mi fe me lo impide. Yo sí creo y tengo certeza y creo en un Dios. No voy a permitir que una legislación vaya en contra de principios netamente cristianos”, dijo el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto.

“Si nosotros aprobamos esa iniciativa, es inconstitucional, tal cual lo manifiesta la Constitución”, mencionó la diputada de Nuevas Ideas, Evelyn Merlos, en relación al artículo 1 de la Constitución.

“Tiene mi total respaldo la opinión de mis colegas diputados de votar en contra de dicha iniciativa”, aseveró la diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión, Marcela Pineda.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, dijo al final cuando ya se estaba votando por emitir dictamen favorable o desfavorable sobre la iniciativa, que el debate debía tomar en consideración más aristas. “Debe ser una discusión. No solo votar. Yo entiendo que debe haber una discusión más amplia. Nada más”, argumentó.

El dictamen de la reforma Beatriz fue desfavorable con 7 votos en contra del contenido de esta.

Dos días después, en la sesión plenaria 25, el dictamen desfavorable se llevó al Salón Azúl donde los diputados en la plenaria votan a favor de los dictámenes de las comisiones. El primer dictamen por el que votaron fue el desfavorable hacia la reforma Beatriz. Los diputados oficialistas aprovecharon las cámaras y afirmaron a los salvadoreños que no estaban y nunca iban a estar de acuerdo con el aborto. Al contrario, afirmaron que las penas para las mujeres que se les acuse de realizarse un aborto deberían ser más duras.

Cabe recalcar que más del 80% de los salvadoreños es de religión evangélica o católica, según una encuesta realizada en 2020 por CID Gallup.

“Quisiera saber si las personas que introdujeron esa pieza les gustaría que las abortaran”, mencionó la diputada de Nuevas Ideas, Janneth Molina.

“El aborto en el país debería ser penalizado más drásticamente”, dijo el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

“Estamos a favor de la vida y en contra del aborto”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.

“Hay que penalizar más fuerte”, estableció el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.

Estas fueron algunas de las opiniones de los diputados de los partidos que conforman el oficialismo. Los partidos ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y VAMOS no opinaron sobre el tema.

Nuevamente, la diputada y presidenta de la comisión que emitió dictamen desfavorable a la reforma Beatriz, Marcela Pineda, habló sobre el tema del aborto y por qué no puede aprobarse. La abogada leyó el artículo 1 de la Constitución, que señala como prueba máxima del por qué cualquier reforma al Código Penal que implique legalizar el aborto es inviable por ser inconstitucional. De nuevo culpó a los gobiernos de ARENA y el FMLN, y sometió moción de orden para votar por el dictamen desfavorable de la comisión que ella preside.

Con 76 votos a favor, dos abstenciones y 1 voto en contra, se aprobó el dictamen.

Revisando las opiniones actuales de la diputada, se creería que su postura es una de ir en contra de la práctica médica del aborto. Sin embargo, contrastando con opiniones de ella emitidas en Twitter en los años 2018 y 2017, se puede ver otro panorama. El 27 de enero de 2017, Pineda publicó un tuit donde mencionaba que iría a la Asamblea Legislativa a dar su opinión jurídica sobre la despenalización del aborto.

El 31 de agosto de 2017, mencionó que la conclusión de la ciencia sobre el aborto terapéutico es que salva la vida de las mujeres, y que la política es la variable que complica la práctica.

El 14 de junio de 2018, Pineda dedicó dos tuits al movimiento feminista en Argentina, ya que ese día la Cámara de Diputados aprobó el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo y después si el embarazo fue producto de una violación, si hay peligro para la vida de la gestante y si hay una malformación fetal. “Así como celebro lo de Argentina se (sic) que algún dia (sic) celebraré la despenalización del aborto en El Salvador!” tuiteó la diputada.

El 9 de agosto de 2018, se solidarizó con el mismo movimiento en Argentina, ya que el Senado no aprobó la iniciativa que la Cámara de Diputados de Argentina aprobó.

Así la diputada Pineda contradijo a la ciudadana Pineda de antes del 2019.

No solamente ella se mostraba a favor del aborto previo a ser funcionaria del gobierno de Bukele. La exministra de Cultura y actual diputada, Suecy Callejas, tuiteó en distintas ocasiones durante el 2018 sobre su apoyo a la despenalización del aborto.

“La despenalización del aborto es un tema de salud pública en el mundo y somos de los pocos países en donde no es legal”, dijo Callejas a la ex procuradora de derechos humanos, Raquel de Guevara.

“Les hago una propuesta: Si de verdad quieren hacer algo por las mujeres salvadoreñas, apoyen la despenalización del aborto”, expresó hacia un tuit del medio oficialista “Porttada”.

En la votación de la sesión plenaria 25, Callejas, que ocupa el curul 10 en el Saló Azul, votó a favor del dictamen desfavorable de la reforma Beatriz, que tenía como objetivo despenalizar el aborto en El Salvador.

Así contradijo la diputada Callejas de 2021 a su propia postura de 2018.

El estándar internacional

Entre los argumentos jurídicos que los diputados de Nuevas Ideas dieron para descartar la reforma Beatriz fue que El Salvador es firmante del Pacto de San José, o como se le conoce comúnmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo con el inciso 1 del artículo 4 de este tratado internacional, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, menciona el documento.

Para los diputados, este inciso es la fuente de la jurisprudencia internacional que impide la práctica del aborto.

Lo que los diputados omitieron mencionar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada a partir del Pacto de San José, ha expresado preocupaciones sobre la prohibición total del aborto en El Salvador.

En 2018, la CIDH emitió un comunicado de prensa donde expresaba su preocupación por la prohibición total del aborto en el país y su efecto en las mujeres salvadoreñas. “La criminalización absoluta del aborto en El Salvador, al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y al crear un contexto facilitador de abortos inseguros, desconoce las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad”, estableció el comunicado.

Además, instó a los Estados como El Salvador donde no cuentan con un marco normativo adecuado a “adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”. Es decir, les urge a países como El Salvador que adopten sus leyes para que se legalice el aborto en “determinadas circunstancias”, expresaron.

Recientemente, en octubre de 2021, la CIDH emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. En este, volvieron a mencionarle a El Salvador que debe adoptar medidas para que las mujeres puedan someterse a un aborto en ciertas circunstancias. No solamente eso, sino que reconocieron los casos de las mujeres que fallecieron a causa de enfermedades crónicas prevenibles y embarazos ectópicos debido a la prohibición del aborto. “Dichas muertes podrían haber sido prevenidas si las mujeres hubieran tenido la posibilidad de interrumpir legalmente sus embarazos inseguros”, dijo la CIDH al respecto. Por otro lado, mencionaron que, de acuerdo con su conocimiento, 181 mujeres han sido procesadas por haber tenido un aborto involuntario, y 14 de ellas siguen encarceladas.

Previo a la publicación del informe, la CIDH envió el documento a El Salvador por si el Estado tenía una observación sobre este. En la contestación a las preocupaciones de la CIDH con el tema del aborto en El Salvador, el gobierno salvadoreño argumentó que había proyectos de posible despenalización del aborto en estudio en la Asamblea Legislativa.

“Al respecto, en sus observaciones al proyecto del presente informe el Estado ha señalado a la CIDH la existencia de proyectos de reforma en estudio en la Asamblea Legislativa, para la posible modificación del Código Penal en lo referente a la penalización del aborto”, explicó el informe.

Eran proyectos como el que rechazaron los diputados el 20 de octubre, y que, según la CIDH, podrían salvar vidas de mujeres.

Caso Manuela vs El Salvador y lo que el Estado debe hacer

“Manuela”, como se le conoce a una mujer que falleció el 30 de abril de 2010 debido a un linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, un tipo de cáncer del sistema linfático, fue uno de los casos donde se le pudo haber tratado su enfermedad. Sin embargo, se encontraba enfrentando un proceso judicial desde el 29 de febrero de 2008 por haber tenido un aborto involuntario en su casa.

Manuela sufrió una caída fuerte en su casa, que tuvo como consecuencia un sangrado grave. Su madre la encontró el día siguiente, inconsciente y pálida, por lo que la llevó a al Hospital Nacional de San Francisco Gotera. La médica que la atendió denunció a Manuela el mismo día de su ingreso al hospital, ya que la caída que sufrió había causado un parto extra hospitalario, pero no se encontraba un feto. Al día siguiente, Manuela fue detenida y acusada de haber cometido el delito de homicidio de su hijo.

“La detención de Manuela impidió que recibiera la atención médica adecuada, por lo que su pena privativa de libertad se convirtió además en una pena inhumana, contraria a la Convención (Americana sobre Derechos Humanos)”, concluyó la CorteIDH en la sentencia donde condenó al Estado salvadoreño de violar su libertad personal, sus garantías judiciales, la igualdad ante la ley, su derecho a la vida, su integridad personal, su derecho a la vida privada y a su salud, así como a la integridad personal de sus familiares.

Debido a esto, le ordenaron a El Salvador, entre otras cosas, realizar un acto público donde se reconozca su responsabilidad internacional, regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y el historial clínico, formalizar un protocolo de atención para mujeres que requieran atención de urgencia por emergencias obstétricas, “tomar las medidas necesarias” para que las mujeres puedan obtener una atención integral en casos de emergencias obstétricas y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a la familia de Manuela.

“Lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien. No investigaron que ella estaba enferma. No investigaron que podía dejar sus hijos huérfanos. Su mamá, mi abuela, sufre de hipertensión. Ellos hicieron una injusticia con nosotros, con mi mamá. Le pido a todo El Salvador que entienda que lo que hicieron con mi mamá, con muchas mujeres, hay hijos así como yo, me duele haber perdido a mi mamá, también hay otros hijos… El nombre de mi mamá se ha limpiado”, expresó Jesús en conferencia de prensa el día después que la sentencia fue hecha pública.

Jesús, uno de los hijos de Manuela, sostiene la sentencia de la CorteIDH donde condena al Estado salvadoreño de violar distintos derechos de Manuela y su familia. Foto por: Vladimir Zaldaña

Ni el día de la divulgación de la sentencia ni el día después cuando el tema se escuchó en los medios de comunicación las diputadas mencionadas o el presidente se pronunciaron sobre el caso o sobre Manuela. Lo único que han mencionado durante su tiempo como funcionarios públicos es su negación a despenalizar el aborto en El Salvador. Lo que expresaron antes de ser funcionarios era su aprobación a la despenalización y sus causales, tal y como el sistema de justicia internacional lo pide. Pronunciarse y reconocer sus posturas pasadas es, sin embargo, inconveniente para ellos.

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Jefe de prensa.

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