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La experta internacional en derechos humanos manifestó que los ataques en redes sociales del presidente contra toda voz crítica generan un clima de intolerancia que puede provocar violencia más allá del entorno digital.
La directora del programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés), Leonor Arteaga, expresó que el régimen de excepción fue innecesario en El Salvador, pues la legislación nacional cuenta con todas las herramientas e instituciones para enfrentar e investigar este tipo de escaladas de violencia.
Al lamentar la ola de asesinatos del pasado fin de semana, que calificó como “una tragedia dolorosa”, dijo que las “víctimas requieren que se hagan investigaciones sobre esos hechos”.
“Todas las personas tienen el derecho a vivir libre de violencia”, manifestó en un enlace telefónico con VOCES.
Arteaga afirmó que “nos preocupa muchísimo todo lo que está pasando en El Salvador. Se está consolidando a través del uso del derecho un sistema político que tiene por objetivo cooptar todas las instituciones y ejercer un control social fuerte contra la población”.
Argumentó que los ataques que en redes sociales ha protagonizado el presidente Nayib Bukele contra las organizaciones de derechos humanos que le han criticado, son “un capítulo más de lo que hemos visto desde el inicio del gobierno”.
“Estos ataques pretenden deslegitimar, desacreditar cualquier contrapeso, cualquier vos que critique, opine, se oponga a las medidas del gobierno. Forma parte de un esquema autoritario y lo hemos visto en otros presidentes de América Latina”, dijo la experta.
Estas acciones provocan que “mucha gente ya no quiere hablar porque siente que puede ser atacada” y se generan “riesgos para las personas a las que el gobierno ataca”.
En este marco, consideró que se está profundizando “un clima de intolerancia que empieza en las redes sociales, pero que puede transformarse en agresiones físicas en algún momento”,
Una de las reformas a las leyes que sucedieron a la declaratoria del régimen de excepción que preocupa a DPLF es el blindaje a los jueces.
Arteaga se pronunció a favor de que el Estado salvadoreño proteja a los aplicadores de justicia de las maras, pandillas y del crimen organizado en general, pero consideró que esta reforma está abriendo el camino “hacia un sistema de justicia secreto, donde nadie va a poder saber quién juzga, por qué se le juzga”.
Este tipo de situaciones han ocurrido en los capítulos más obscuros de las dictaduras latinoamericanas, expresó Arteaga, al enfatizar que puede protegerse a los jueces con jurisdicciones especializadas o medidas concretas de seguridad.
