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Defensores de derechos humanos demandan celeridad en los procesos y que las instituciones se pongan del lado de las víctimas para conocer la verdad y avanzar en la reparación.
Organizaciones sociales demandaron a las instituciones del Estado, como el poder Ejecutivo, el Judicial y la fiscalía, acelerar los procesos pendientes sobre emblemáticos crímenes cometidos por el ejército en la pasada guerra civil, como la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz o el crimen de los cuatro periodistas holandeses.
“No es cierto que no tenga compromisos con las Fuerzas Armadas, no es cierto que no tenga compromiso con el pasado, porque no se puede explicar de otra manera este retraso de acceso a la justicia”, dijo en la entrevista Sin Tapujos, de radio y televisión Izcanal, Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, al referirse a la falta de aprobación de una ley de justicia transicional.
Añadió que “el acceso a la justicia no puede hacerse en el estado de justicia fallida que tenemos”, y que, tanto en este gobierno como en los anteriores, “no se ha hecho nada que tienda a cambiar la realidad de las víctimas”.
Respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño por la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de siete y tres años respectivamente (mayo de 1982), el juicio “no ha pasado de los seis meses de su fase inicial de aportación de pruebas, y han pasado 28 años (desde su inicio), porque no ha habido una diligencia fructuosa que haga avanzar ese proceso”.
Oscar Pérez, de Fundación Comunicándonos, afirmó que durante estos tres años de gobierno “han sido tiempos de promesas, de promesas no cumplidas para las víctimas”.
De esta manera se constata que “la impunidad de ayer es la impunidad de hoy”, afirmó en el mismo espacio de entrevistas dirigido por Alcides Herrera.
“Durante los gobiernos de ARENA, del FMLN y ahora con este gobierno no hemos encontrado desde las victimas ninguna respuesta sobre verdad, sobre justicia, sobre reparación”, añadió, al resaltar que el actual gobierno “no ha roto nada con respecto al estado de impunidad” que la nación viene arrastrando desde el fin del conflicto, en 1992.
“Las víctimas siempre han estado relegadas, y en ese sentido lo que sí se puede decir es que sino favoreces a las víctimas, ¿a quién estas favoreciendo?, por lógica seguís favoreciendo a los victimarios”, expresó Óscar Pérez.
Sobre el caso de los periodistas holandeses asesinados en 1982 comentó que “la fiscalía no quiso asumir, no tuvo voluntad política para asumir con el Código Penal Procesal nuevo este caso, sino que lo delegó al Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, donde la fiscalía es un auxiliar de la jueza”.
En este, como muchos otros casos, la fiscalía “no mostró voluntad política para poder trabajar al lado de las víctimas, y no trabajar al lado de las víctimas significa que seguís manteniendo ese estado de impunidad y trabajando del lado de los victimarios”, añadió.
Este crimen de lesa humanidad es uno de los pocos casos que se han judicializado, pero no ha sido por que haya voluntad política en El Salvador.
Según Oscar Pérez, el caso se ha judicializado por la presión que han ejercido los familiares de los periodistas, el Reino de los Países Bajos y organizaciones, como Fundación Comunicándonos, que trabajan para que haya verdad y justicia para los comunicadores asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal., según lo evidenció el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.
