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Los comités de víctimas, junto a las organizaciones que les apoyan y representan, presentaron un escrito dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Seis años han pasado desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, sin embargo el Estado salvadoreño no ha cumplido con las demandas de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición a las que tienen derechos las víctimas de la guerra civil y sus familiares.
Tres artilaciones que reúnen a una veintena de organizaciones de derechos humanos y a comités de víctimas se presentaron a la Asamblea Legislativa para exigir que “cumpla con su obligación de aprobar una norma que garantice” saldar esta deuda histórica del país, pero que la misma esté “ajustada a los parámetros establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos a la justicia transicional”.
Pidieron que se garantice “la plena participación de los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, en todas las etapas del proceso de formación de esta Ley. Esto implica, cumplir el compromiso de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos de instalar una mesa de diálogo permanente con las víctimas y organizaciones de derechos humanos”.
Además, pideron que se “retome con seriedad los proyectos de Ley que reiteradamente han presentado los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, en particular el ingresado el 7 de octubre de 2021, mismo que volvimos a presentarles en febrero de este año, en ocasión de las consultas iniciales que hizo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”.
La carta está suscrita por las organizaciones y los comités de víctimas que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica.
En la carta expusieron que en septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa anunció un nuevo proceso de análisis para la creación de una Ley de Justicia Transicional, por lo que, en el mes de octubre del mismo año, los colectivos de víctimas y las organizaciones que las representan, presentamos una nueva propuesta de Ley a la Asamblea Legislativa, denominada “Ley de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Durante el Conflicto Armado”, a través de la iniciativa de la diputada Claudia Ortiz.
A principios de 2022, la Comisión convocó a varias de las organizaciones que representan a víctimas del conflicto armado, a una serie de audiencias con el aparente fin de escucharlas; a estas audiencias, además, citaron a excombatientes, especialistas y académicos/as. Uno de los compromisos asumidos por la presidencia de esa Comisión fue la instalación de una mesa permanente de diálogo para la discusión de los contenidos de la Ley que ese órgano debe aprobar.
Sin embargo, “no hemos sido llamados nuevamente para continuar este proceso y, según la información disponible la Comisión no ha retomado la discusión sobre esta Ley”, expresaron las organizaciones en el escrito.
Por lo anterior, resaltaron que la Asamblea la Legislativa “sigue incumpliendo el mandato legal de la Sala de lo Constitucional dado en la sentencia de 2016, lo que genera victimización a los sobrevivientes y sus familiares al no establecer una Ley que garantice sus derechos”.
