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La carta dirigida al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA), con sede en Ginebra, evidencia jurídicamente la situación de El Salvador tras la declaratoria de guerra contra las pandillas por parte del gobierno y como esta afecta a personas que no tiene conflicto con la ley.
Un total de 13 organizaciones, nacionales e internacionales, preocupadas por los efectos del régimen de excepción en El Salvador sobre la población no vinculada a criminales enviaron sus argumentos jurídicos al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, una oficina que depende de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
“Las organizaciones suscriptoras hemos recibido más de 2.262 denuncias de posibles detenciones arbitrarias por la policía y militares” en el periodo de vigencia de esta suspención de las garantías constitucionales, prorogada por cuarta vez por la Asamblea Lelgislativa del 19 de julio.
En la carta, las organizaciones reseñaron que entre el 25 y el 27 de marzo pasado El Salvador sufrió el asesinato de 87 personas, 62 de ellos en un solo día.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele pidió que la Asamblea aprobara un estado de excepción, suspendiendo “garantías constitucionales, tales como: el derecho de asociación y reunión; y más preocupante aun, derechos procesales básicos como: a ser informado de las causas de la detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a contar con la defensa técnica de una persona abogada”.
“Una de las prácticas de las autoridades de seguridad ha sido detener a cualquier persona considerada sospechosa de pertenecer a estas estructuras, sin ninguna orden de detención”, afirmaron las organizaciones.
En muchos casos, las detenciones arbitrarias han tenido lugar “dentro de los lugares de
trabajo de los detenidos, o allanando sus domicilios, sin orden judicial”, explicaron.
Además, las organizaciones han documentado que las detenciones arbitrarias “se estarían realizando bajo criterios de discriminación social, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza”.
“Igualmente se han reportado prácticas de abuso de poder contra poblaciones de diversidad sexual y mujeres, acompañadas de acoso u hostigamiento previo a las detenciones”, afirmaron.
También denunciaron que “las personas detenidas son procesadas en juicios que no atienden las garantías del debido proceso establecido en las normas del marco jurídico salvadoreño e internacional”.
Entre las 13 organizaciones firmantes de este reporte al GTDA están FESPAD, Cristosal, DPLF, WOLA, IDHUCA, Azul Originario y CEJIL.
Este Grupo de Trabajo de la ONU tiene el mandato de “investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados”.
Además, investiga supuestos casos de detención arbitraria enviando comunicaciones y llamamientos urgentes a los gobiernos interesados para aclarar esos casos y señalarlos a la atención de los gobiernos.
Las organizaciones pidieron al GTDA que reitere su solicitud al Estado de El Salvador para realizar una visita al país.
