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A un año en vigencia del régimen de excepción, organizaciones defensoras de derechos humanos llamaron al Estado salvadoreño a la inmediata derogación de esta medida, a la investigación de vulneraciones, a la reparación de las víctimas y a la no repetición.
“Hacemos un llamado especial al Estado salvadoreño para que investigue, repare y restituya los derechos de las personas afectadas injustamente, garantizando la no repetición de estos hechos”, aseveraron las organizaciones en un comunicado.
Cristosal, junto al Servicio Social Pasionista (SSPAS), AMATE, IDHUCA, FESPAD, Asociación Azul Originario y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, contabilizaron un total de 4,723 violaciones a derechos humanos durante los 365 días del régimen de excepción.
Reiteraron que el principal hecho violatorio continúa siendo la detención arbitraria. Sin embargo, en las denuncias documentadas, este hecho va acompañado de otras violaciones a derechos humanos como allanamientos de morada, amenazas, acoso policial, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura, entre otros, dijeron.
Entre las denuncias de violaciones a derechos humanos recibidas por las organizaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra como el principal victimario, y como segundo lugar, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Además, Rina Montti, directora de investigaciones de Cristosal, aseguró que la oenegé ha contabilizado un total de 132 casos verificables de personas fallecidas bajo la tutela de Estado salvadoreño dentro de los centros penitenciaros.
“La mayor parte de los fallecimientos también se deben a la falta de servicios de salud de las personas detenidas, pero también tenemos casos que están hablando de personas detenidas que han sufrido asesinato y lesiones adentro de los centros penitenciarios”, agregó Montti.
Por otra parte, las organizaciones manifestaron su preocupación por el incremento de la tasa de personas privadas de libertad, que a la fecha conforma un 2% del total de la población y convierte a El Salvador en el país con “la tasa más alta en el mundo”.
En un comunicado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Debido Proceso (FESPAD) señaló que en el marco del régimen de excepción también se ha ocultado información oficiosa, reformado leyes que anulan el goce de derechos, cooptado instituciones, realizado actos de corrupción, entre otros.
Lo anterior, lleva como resultado a “un país convertido en una cárcel, donde las garantías del debido proceso se han hecho a un lado, la presunción de inocencia es inexistente, las libertades fundamentales han sido restringidas y las personas temen hablar por miedo a ser detenidas”, afirmaron.
Asimismo, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) manifestó que el régimen de excepción no es un instrumento “necesario, ni adecuado” para enfrentar la criminalidad y proteger la población salvadoreña.
