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“El agresor ha cambiado y dejaron de ser las pandillas y ahora se ha convertido principalmente la Policía Nacional Civil (PNC), pero también con la participación de la Fuerza Armada en El Salvador (FAEA)”, expresó Verónica Reyna, directora del programa de derechos humanos del Servicio Social Pasionista.
Según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Cristosal, los desplazamientos forzados internos ocurridos en marzo de 2022 a junio de 2023, son un total de 223 personas afectadas, de las cuales la PNC ha generado el mayor número de casos junto a la FAES provocando el 76 % de ellos. Dentro de estos, la mayoría de víctimas son mujeres, adultos de entre 35 a 59 años, adultos mayores y jóvenes adolescentes.
La directora del programa de derechos humanos mencionó que antes de implementar el régimen de excepción, las familias que eran desplazadas de manera forzada por estructuras criminales, buscaban mecanismos del Estado para que les brindaran algún tipo de protección, pero, actualmente, ya que los agentes estatales son los agresores, las familias tienen menos posibilidades de recibir ayuda.
Reyna detalló que los cuerpos de seguridad pública realizaban distintas acciones que hacen que las familias tengan que desplazarse forzosamente, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento, entre otras.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, como respuesta del gobierno al alza de homicidios registrados en un fin de semana, que dejó 87 fallecidos, hasta la fecha el estado de excepción se encuentra en su décimo octava prórroga, la cual vence el próximo 13 de octubre del 2023.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, han sido liberadas alrededor de 7,000 personas, de los 72 mil que han sido capturados.
