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Foto: David Ramírez, periodista de VOCES

Sin ley de identidad de género y sin cambios de nombres: diputados salvadoreños reiteran su falta de voluntad de legislar por los derechos de las personas trans


El pasado 23 de febrero finalizó el plazo otorgado a la Asamblea Legislativa por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reformar la Ley de la Persona Natural y abrir procedimientos sin discriminación para el cambio de nombres de las personas trans. La Asamblea Legislativa ignoró el mandato de la Sala y a su vez, las necesidades y derechos de las personas trans.

Claudia Argueta, jefa del área de Inclusión social en Cristosal, explicó que, en febrero de 2022, la Sala concluyó que existe un trato discriminatorio por razones de género en el artículo 23, inciso 2 de la Ley de Nombre de la Persona Natural, que afecta específicamente a las personas trans que quieren cambiar sus nombres para que vayan acorde a su identidad.

“La Sala reconoce que hay un trato discriminatorio al no regular en este artículo para que las personas puedan cambiar su nombre, que es un derecho humano básico, – son-derechos civiles y políticos, en consonancia con su identidad de género”, agregó.

Los diputados de la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, tuvieron un año para poder legislar y aprobar reformas para que las personas trans pudieran acceder al cambio de nombre sin ser discriminados. Sin embargo, el 23 de febrero finalizó el periodo de tiempo establecido emitiendo un mensaje desfavorable para los derechos de estas personas.

Aun así, Amalia Leiva, activista trans e integrante del equipo del área de inclusión social del programa de litigio estratégico de Cristosal, calificó la resolución de la Sala como “incompleta” porque no contempla todos los derechos y garantías de las personas trans, como realmente lo haría la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

“Vemos que este proceso es grave. Es un retroceso en el reconocimiento de derechos”, aseveró, Leiva.

“Acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional que, dicho sea de paso, es una resolución que no responde de manera completa a la garantía de los derechos de las personas trans, puede ser el primer paso, pero incluso no hacer ni siquiera ese primer paso deja un mensaje bastante grave”, lamentó.

La resolución de la Sala ordenó puntualmente a la Asamblea Legislativa hacer reformas para garantizar el cambio de nombre. En cambio, el anteproyecto de Ley de Identidad de género contempla el reconocimiento de nombre, el cambio de nombre, sexo y género en los documentos de identificación de las personas trans, según explicó la activista.

Desde la llegada del gobierno actual, los espacios seguros de la comunidad LGTBIQ+ se han ido cerrando, y la gestión pública ha realizado acciones que marcan un retroceso en sus derechos, como el cierre de la Secretaría de Inclusión Social, desarticulación de mesas temáticas del Ministerio de Trabajo, archivar un anteproyecto de ley de identidad de género y ciertas declaraciones homo-lesbofóbicas de funcionarios estatales, dijo Leiva.

Además, el sistema de educación continúa ignorando el tema LGTBIQ+ y el sistema de salud no acata lineamientos técnicos de atención para personas que se identifican de la comunidad. La activista también se refirió a la falta de independencia entre los poderes estatales que ha ido incrementando.

“Todos esos retrocesos vienen a desembocar en un 23 de febrero, en donde no hay una voluntad política de parte de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, a mí no me sorprende”, dijo.

Bianka Rodríguez, activista trans y unas de las primeras en lograr legalizar su cambio de nombre en El Salvador por motivos de identidad de género, señaló que las personas trans con frecuencia son discriminadas y violentadas en las instituciones públicas debido a la falta de un reconocimiento legal de un nombre acorde a su identidad y expresión de género.

En marzo del 2022, luego de 10 años de proceso, Bianka obtuvo con éxito su Documento Único de Identidad (DUI) acorde a su identidad y su nombre. Junto a su caso, únicamente dos personas trans más han logrado con éxito este precedente.

“Las personas trans no solicitamos privilegios o derechos especiales, sino el derecho a ser reconocidos y reconocidas según nuestra autodeterminación de nuestra identidad de género”, aseveró Bianka.

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