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Tres años han transcurrido desde que el 9 de febrero de 2020 el presidente Nayib Bukele, junto a soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa para dar inicio a una plenaria, usurpando funciones del expresidente del poder legislativo, Mario Ponce.
Dos días previo a esta fecha, Nayib Bukele llamó a los diputados a asistir el domingo 9 de febrero a la Asamblea Legislativa para una sesión extraordinaria en la que se sometería a pleno “el financiamiento de la #Fase3 del #PlanControlTerritorial y darle a nuestros policías y soldados las condiciones que necesitan”, según explicó en su cuenta de Twitter.
La tarde de ese día, las alfombras rojas de la Asamblea Legislativa fueron opacadas por la verde oliva con camuflaje de los uniformes militares y el azul marino de los policías. Los cuerpos de seguridad del Estado mostraron sus armas largas ante los diputados que asistieron al recinto legislativo y a las transmisiones de televisión que inmortalizaban el suceso.
“El #9F fue una advertencia de los que están en el poder: esto les pasará a los que no estén de acuerdo”, aseveró en un tuit Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, organismos de la comunidad internacional, entre otros, indicaron que esta acción fue un intento de autogolpe de Estado; de menoscabar la independencia y la democracia.
Un informe de Cristosal y Human Rights Watch sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, destacó como primer punto a ese domingo de febrero como una de las acciones que han implicado el desmantelamiento de las instituciones democráticas en El Salvador.
“En febrero de 2020, el presidente Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa, donde su partido tenía una participación minoritaria, acompañado de soldados armados, presuntamente con la intención de intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo por US$ 109 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para las fuerzas de seguridad. Tras ocupar la banca del presidente de la Asamblea, anunció que daría a los legisladores “una semana para aprobar el préstamo” y amenazó con destituir a legisladores de la Asamblea si era necesario”, agregaron las organizaciones en el informe.
Actualmente, el Estado salvadoreño, señalado por la comunidad internacional por la falta de independencia entre los poderes estatales, continúa abanderándose por sus medidas de seguridad implementadas para contrarrestar los grupos criminales y la violencia en el país. Ejemplo de estas medidas son el Plan Control Territorial, actualmente en su fase 5, y el régimen de excepción a punto de cumplir un año desde su aprobación.
Sin embargo, Cristosal y otras organizaciones de la sociedad civil han reportado hasta ahora más de 4,500 denuncias sobre vulneraciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción. A este escenario se suman muertes dentro de los centros penitenciarios registradas por organismos defensores de derechos humanos e investigados por la misma fiscalía, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, entre otras violaciones.
Por otro lado, el índice de democracia de The Economist ha catalogado a El Salvador como un régimen híbrido, un paso antes que los países autoritarios y uno después que las democracias imperfectas.
“El que sale con la suya usando la fuerza no escuchará a nadie jamás. #9FNuncaMás #ProhibidoOlvidadSV”, sostuvo la funcionaria Ortiz.
