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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su informe “Mujeres privadas de libertad en las Américas”, donde afirmó que en El Salvador se persigue y criminaliza “sistemáticamente” a las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
“Entre los años 1998 y 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas por haber sufrido una emergencia obstétrica. De ellas, según sociedad civil, al menos 67 fueron condenadas”, expresó la CIDH en el informe. Recientemente se postergó la revisión de la sentencia de Lilian, la última de Las 17, luego de que el juez del caso no admitió la mencionada revisión. Lilian ha estado en prisión desde 2016 luego de haber sido acusada de homicidio agravado por omisión de cuidado después de la muerte de su hijo, quien murió estando bajo el cuidado del Hospital San Juan de Dios en Santa Ana.
El ente internacional mencionó que esta criminalización está “estrechamente vinculada” con la situación de pobreza de las mujeres, su situación económica precaria y las oportunidades educativas reducidas a las que se enfrentan. “Lo anterior, con frecuencia, se traduciría en barreras para acceder de forma regular a los servicios de salud reproductiva, lo cual favorecería la presencia de complicaciones durante sus embarazos”, dijo la CIDH.
Esto es respaldado por estadísticas proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, donde afirmaron que el 53% de las mujeres que han sufrido de la criminalización carecen de ingresos estables y el 43% son consideradas mujeres analfabetas o estudiaron hasta la primaria.
“La Comisión reitera que la criminalización absoluta del aborto, al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, resulta contraria a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad”, sentenció la CIDH en su consideración final sobre la situación de las mujeres que sufren emergencias obstétricas en El Salvador.
Existen dos casos de mujeres salvadoreñas que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por temas relacionados con el aborto. Uno de ellos, el caso de Manuela, cuenta con una sentencia condenatoria al Estado salvadoreño por violar distintos derechos humanos de Manuela y su familia al encarcelarla tras acusarle de haberse realizado un aborto voluntario.
El otro caso es el de Beatriz, mujer a la que el Estado salvadoreño no le dejó realizarse un aborto terapéutico (por motivos de salud) inclusive después de obtener una recomendación médica para hacerlo. Fue hasta la emisión de una medida cautelar de la Corte IDH que se le realizó el procedimiento de la interrupción del embarazo.
Desde 1998 la interrupción del embarazo es prohibida en cualquier circunstancia en El Salvador. El país permanece como uno de los pocos países en América que mantiene esta prohibición absoluta en conjunto con Nicaragua y Honduras.
