domingo , agosto 14 2022

Las víctimas de la guerra han sido revictimizadas por todos los gobiernos: Henri Fino

El defensor de derechos humanos, quien está al frente de FESPAD, señaló que, en los seis años desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, ni el gobierno pasado, ni el actual, realizaron acciones reales para superar el estado de impunidad respecto a los crímenes de la guerra.

  • Por Carlos Portillo, VOCES
  • Fotografías y edición: Diego Hernández

Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una de las organizaciones salvadoreñas de más trayectoria e incidencia en materia de derechos humanos, expresa con agudeza su postura ante los seis años desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General: las personas que sufrieron en la guerra “han sido revictimizadas por todos los gobiernos” desde ARENA, pasando por el FMLN, hasta el actual dirigido por el presidente Nayib Bukele.

En entrevista con VOCES, Fino puntualizó que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 por iniciativa del expresidente Alfredo Cristiani, fue un “duro golpe al proceso de reconciliación”.

Precisamente en virtud de los Acuerdos de Paz (firmados el 16 de enero de 1992), la reconstrucción del tejido social se basaba en la justicia, la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos, principalmente perpetradas por la Fuerza Armada de El Salvador.

La Ley de Amnistía con su filosofía de “perdón y olvido” “le da fundamento a la impunidad” que ha imperado en El Salvador, no obstante que ya pasaron 30 años desde el fin del conflicto.

Por ello, para el defensor de derechos humanos, es “injusto decir víctimas del pasado. Son víctimas presentes, son víctimas sangrantes”.

El 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional emitió su sentencia contra la Ley de Amnistía de 1993, dando respuesta a dos recursos: el primero presentado por los ciudadanos José Benjamín Cuéllar Martínez, Pedro Antonio Martínez González e Ima Rocío Guirola; y el segundo, por el ciudadano Jorge Alberto Amaya Hernández.

Para Fino, esta sentencia tuvo una gran trascendencia, pues puso en agenda pública que las víctimas de la guerra tienen el derecho a la justicia y a la reparación, estableciendo que la amnistía de 1993 violaba “el derecho de acceso a la justicia”.

Puntualizó que la actual Asamblea Legislativa ha incumplido la orden que la Sala le dio de dictar una ley de justicia transicional que verdaderamente ayude al proceso de sanación de las heridas aún abiertas, pese a que ya pasaron tres décadas desde que se callaron las armas.

 “La raza política se protege”, afirmó Fino, al considerar que la demanda de verdad y justicia para las víctimas de la guerra debe ser de toda la sociedad salvadoreña, pues “solo así este Estado violador de derechos humanos va a aprender la lección” de no continuar violentando los derechos de la población.

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