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La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador advirtió que las minas metálicas clausuradas en 2017 luego de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica todavía se encuentran contaminando distintos cuerpos de agua localizados en el oriente del país. Por esto, piden al gobierno que cumpla con el cierre técnico de las minas para que no representen un peligro al medioambiente y la población en general; acto requerido por la ley.
“Con la prohibición de la minería metálica se estableció en la Ley el compromiso de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales- MARN en coordinación con el Ministerio de Economía -MINEC, llevarían a cabo el cierre técnico de las minas en abandono o pasivos mineros ambientales, la remediación ambiental en los territorios y diseñar un plan de reconversión económica para la minería artesanal”, expusieron.
Sin embargo, la Mesa afirmó que los avances en la solución de la problemática han sido “casi inexistentes”.
De acuerdo con las organizaciones que integran la Mesa, en los tres años del gobierno actual la asignación presupuestaria para atender el problema en la mina de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, ha representado el 0.003% del presupuesto. Además, señalaron que en 2021 se destinó $44,200, pero en 2022 bajó a $38,983.22. No obstante, en 2021 solamente se ejecutaron $13,000 y en 2022 $30,333.22.
Esta es una de las minas que, de acuerdo con un informe del MARN emitido en 2013, contaminó el río San Sebastián con arsénico, cadmio, cianuro, hierro y aluminio. En sus años de funcionamiento y los posteriores a su cierre, la mina ha ido drenando ácido al agua de Santa Rosa de Lima.
Aparte del proyecto con la mina de San Sebastián, la Mesa expresó que no conocen otro de tal naturaleza, a pesar de que, de acuerdo con ellos, existen 15 pasivos mineros que necesitan de la intervención técnica del gobierno.
Por otra parte, la Mesa manifestó que existen al menos 11 proyectos mineros entre las fronteras de Guatemala y El Salvador que representan un “grave problema” para el agua salvadoreña. Las minas de Cerro Blanco y Esquipulas en Guatemala forman parte de estos proyectos señalados.
Según la Ley General de Recursos Hídricos aprobada por los diputados de la actual Asamblea Legislativa, el Estado debe negociar convenios bilaterales con otros países para proteger el agua en El Salvador.
Un dato que divulgó un estudio sobre los impactos de la mina de Cerro Blanco realizado por el estadounidense y profesor de hidrología de la Universidad de Utah, Steven Emerman, manifestó que, si ocurriese una falla en el sistema del proyecto, los residuos tóxicos tardarían 31 minutos en sobrepasar la frontera salvadoreña y 49 minutos para llegar al lago Güija.
“Yo le nombro proyecto de destrucción y muerte. Nos van a dejar sin agua, solo nos traen cosas irreversibles para nuestra salud y para nuestra vida, para la ecología, destruyen grandes inmensidades de árboles y la naturaleza», expresó Reina Meza, representante de las comunidades cercana al lago Güija, Santa Ana, en una conferencia de prensa sobre el proyecto de la mina en Cerro Blanco, Guatemala.
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no se ha pronunciado por la amenaza que representa la mina de Cerro Blanco.
La Mesa Nacional Frente la Minería Metálica es conformada por organizaciones medioambientales, grupos académicos, iglesias y centros de investigación que tienen como objetivo el rechazo a la minería metálica.
